Del 7 al 11 de septiembre, se realizará el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una de las reuniones sobre DD.HH. más importantes del continente americano. Es por esto que en el marco de este Foro, distintas iniciativas promovidas por la International Land Coalition LAC y organizaciones socias, como Iniciativa Mujer Rural; Iniciativa Defensores de la Tierra; Land Matrix LAC; ENI Argentina; ENI Ecuador; ENI Perú; ENI Guatemala, Iniciativa Tierra y ODS y el Programa Defensoras Ambientales, queremos difundir las voces de mujeres defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que vienen resistiendo a múltiples vulneraciones a sus derechos al defender los territorios.

El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como el incesante avance de la frontera agropecuaria, están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los territorios rurales, generando un contexto altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores ambientales.

La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia, donde los Estados latinoamericanos parecen solo hacer frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales.

Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las defensoras ambientales, protectoras de los Derechos Humanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de los territorios frente a múltiples amenazas en toda la región.

V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro “ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados -incluidos los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales- sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos”, detallan desde la organización. Hoy más que nunca es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan, y legitimen el rol fundamental que tienen les defensores de bienes naturales y el medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

En palabras de defensoras bolivianas, “luchar por el territorio es luchar por la vida” y por eso, en el marco de la V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, evidenciamos estrategias sistemáticas de empresas multinacionales para instalarse en comunidades indígenas y campesinas sin garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada. Por eso seguimos visibilizando y escuchando las voces de defensoras ambientales, exigiendo medidas concretas y puntuales de cuidado y protección por parte de los Estados y organismos internacionales.

Reivindicando el rol fundamental de las mujeres en la defensa del ambiente, y abogando por un adecuado acceso a la justicia ambiental y de género, presentamos relatos en primera persona de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Argentina

Barrio San Antonio, Córdoba Capital

Silvia Cruz, integrante de Vecinos Autoconvocados de Barrio San Antonio y Barrios aledaños, lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de Bioetanol que el Estado decidió instalar al lado de sus casas. “Esta empresa, que tiene casi 3 hectáreas, produce bioetanol a partir de maíz transgénico. Produce y rectifica estos alcoholes al igual que el metanol, y los fracciona, se llama Porta Hnos y produce en esta pandemia, 5 veces más, el famoso alcohol en gel. Esta megaproducción contamina nuestro barrio. Nuestros niños y familias comenzaron a enfermarse en el 2012. Hicimos estudios y relevamientos sanitarios, que dan cuenta de que muchas de las muertes, muertes súbitas y malformaciones en los niños, son producto de las emanaciones de estos químicos. La planta produce más de 700mil litros de bioetanol diario, las 24 horas del día. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Tenemos pruebas de que la producción de la fermentación de alcoholes y sus derivados, producen daño genético en pruebas de genotoxicidad en niños y jóvenes que se han realizado hace muy poco. Hemos sido y estamos siendo zona de sacrificio. Nos oponemos a ser sacrificados, contaminados, nos oponemos a esto y exigimos el cierre y erradicación de esta empresa de bioetanol.

Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy

Beatriz Débora Sajama, de la comunidad aborigen de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo, de El Águila, integra el grupo de mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad. “En nuestro territorio hay una empresa minera que explota metales pesados, como el plomo, la plata, el zinc y sus derivados, hace 90 años. Hemos visto muchas irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y se han empezado a secar espacios de humedales. Esto nos ha llevado a tomar consciencia y trabajar para defender el territorio y cuidar el ambiente. Hemos hecho gestiones a través de nuestra comunidad para que las mujeres y todos los miembros de la comunidad, puedan participar de los muestreos ambientales que lleva a cabo la empresa con análisis de aire, agua, suelo, flora y fauna. También, hemos tomado la determinación de visitar todo el predio minero y las bocas de minas que ya están abandonadas, para saber si se encuentran cerradas o en condiciones y ver cómo es el espacio de sus alrededores. Por otro lado, hemos solicitado a la empresa las remediaciones correspondientes por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames. Como grupo de mujeres seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y hacer respetar nuestro derechos humanos”.

Bolivia

Roboré, Provincia Chiquitos, Santa Cruz

María René Picolomini Montero, integrante de Resistencia Tucabaca Cantioca, denuncia la destrucción sistemática de Roboré. Explica que “nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarán a cielo abierto; deforestación causada por privados en relación a decretos ilegales que promueven cambio en el uso del suelo en nombre de la seguridad alimentaria, que favorecen al agronegocio y al extractivismo; la caza y la pesca indiscriminada ponen en grave peligro de extinción a nuestra especie; el turismo desorganizado se ha convertido en otra amenaza exponencial; asentamientos ilegales y dotaciones de tierras interculturales promovida por el Estado; incendios forestales ocasionados por la quema descontrolada de privados o provocados intencionalmente por ilegales, en un afán de venganza contra quienes nos oponemos a esta política irresponsable del Estado. También, si bien hemos conseguido frenarlos, aún están latentes y nos mantienen en alerta permanente. No importa nuestra integridad física, económica o el desconocimiento de nuestro trabajo, más bien nos criminalizan como defensoras ambientales todo por un bien mayor. Hemos rechazado a empresas mineras pero la lucha en nuestro municipio aún es contra las propias empresas estatales, como la Corporación Minera de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la autoridad de bosque y tierra”.

Zona Caaguazú, Santa Cruz

Lourdes Miranda Tiguayo, guaraní integrante de CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), explica: “La defensa es parar o dar de baja el proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz, que comprende ocho represas pequeñas que atentan contra la vida de nuestra comunidad y también de la naturaleza. Entonces, hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimiento. Por otro lado, como territorio guaraní en la zona de Aguaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, han dejado pasivos ambientales, y los hermanos de las comunidades están para que no haya contaminación de las empresas petroleras. Sin embargo, siguen, y hay decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales, donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estas comunidades, y eso es lo lamentable. Ahora, reclamamos Justicia, por que es una violación a los derechos humanos atentar contra nuestra vida y cuando contaminan el agua, atentan directamente contra nuestra vida. A estas empresas y estos megaproyectos, el gobierno los protege con una Ley incluso por encima de nuestros derechos como pueblo indígena. En Aguaragüe, las empresas petroleras están poniendo demandas, procesos legales a los hermanos guaraní por defender sus territorios, sus derechos, por defender que no se le contamine el agua. Cuidamos la vida a través del territorio, queremos pedir ayuda para hacernos escuchar ante estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia”.

Paraguay

Comunidad Pueblo Qom, Bajo Chaco

Bernarda Pesoa lucha contra los monocultivos industriales de árboles de Eucalipto en su zona, la localidad de Cerrito. Cuenta que “nosotros ya estamos quedando casi sin agua, más allá del Chaco ya está sufriendo sequía. En este territorio nosotros tenemos nuestro pozo por qué es una acción de autogestión de parte nuestro y defendemos mucho el agua y la tierra porque sabemos que las leyes nos amparan. Dentro de una comunidad colectiva ahora, en plena pandemia, no se respetaron los protocolos de las comunidades indígenas, tampoco fue respetada la Ley 904, que no permite el alquiler ni el arrendamiento de tierra, y la Constitución Nacional. Nos disgusta lo que están haciendon, la empresa Fundación Paraguaya especialmente. Hoy fui a la Fiscalía de medio ambiente, el lunes vamos al Ministerio de medio ambiente a levantar una denuncia y hacer seguimiento de estas actividades porque no somos partícipes de estas actividades, no nos tienen en cuenta. Acá hay muchísimas comunidades, nosotros decimos no a la explotación de tierra para el beneficio de las grandes empresas, sí al medio ambiente sano, sí a la alimentación sana y no queremos eucaliptos en nuestras tierras”.

Colombia

Córdoba, Colombia

Yina Sánchez, que pertenece al GTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.

Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.

“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.

Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.

El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.

Ante este contexto, seguimos en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.

Foto de portada: Fundación Plurales