El Malón de la Paz pasó por Córdoba

El sábado 29 de julio, llegó a la capital cordobesa, en Argentina, el Tercer Malón de la Paz. Partió desde La Quiaca, Jujuy, el día martes 25 de julio, con destino a Buenos Aires. Ya pasó por Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

Plurales estuvo presente el sábado por la tarde en la Plaza Kamichingon (ex Colón), donde hubo una conferencia de prensa y caminamos hasta el Monumento al indio frente al Patio Olmos. El domingo 30, asistimos a la ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas en la Apacheta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Historizar al Malón

El Primer Malón de la Paz, en mayo de 1946, estuvo conformado por más de 150 integrantes de comunidades kollas de Jujuy y Salta, y caminaron hasta Buenos Aires durante meses. El Malón buscaba recuperar los derechos de las comunidades indígenas, llevando sus demandas a la capital federal, esperando ser atendidas por el ejecutivo y el Congreso.

Ya en el siglo 21, en 2006, unas 120 comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52, a la altura de la localidad de Purmamarca. El reclamo del Segundo Malón fue el mismo que 60 años atrás. Cortaron las rutas durante varios días.

Las consignas principales de este tercero son:
-Exigir a la corte que se expida respecto de la Inconstitucionalidad de la reforma.
-Solicitar al Congreso de la Nación la intervención a la provincia de Jujuy.
-Que el Congreso realice y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
-Detener la represión y defender los derechos, la cultura y los pueblos que luchan, mientras se rechaza la Reforma inconstitucional de Morales.

Las voces de los territorios

Plurales conversó con Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, y Griselda, de la comunidad Casa Grande, Vizcarra y Portillo e integrante del grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural, ambos parte del Malón.

“Vamos a continuar este camino llevando este mensaje de que en Jujuy no hay estado de derecho, ni derecho a la protesta, en donde existe la violación a los derechos humanos y tratados internacionales, la violencia institucional y sistemática del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales)”, explica Néstor.

Por su parte, Gisela cuenta: “Me siento muy dolida con la que está pasando en la provincia de Jujuy. Hay hermanos que fueron detenidos, baleados, que perdieron un ojito a causa de defender nuestros derechos. Siguen con las persecuciones, hay hermanos que les están buscando casa por casa para que los lleven a la cárcel”.

“El señor gobernador hizo una reforma donde quita todos nuestros derechos, los derechos al agua y a nuestros territorios. Nos están queriendo saquear toda nuestra provincia y el gobernador no escuchas nuestros reclamos, por eso justamente hoy estamos marchando para llegar a Buenos Aires”, detalla.

Desde Plurales, rechazamos esta reforma constitucional por varias razones:
1- El proceso se desarrolló sin debates, participación o consulta libre, previa e informada

2- Se invisibilizaron los pedidos explícitos de las comunidades indígenas de participar del proceso de reforma

3- La modificación sobre el derecho a la propiedad privada deja en mejores condiciones a titulares registrales que disputan tierras con comunidades indígenas y campesinas

4- La expresa prohibición del derecho a la protesta

5- Desequilibrio democrático: se eliminaron las elecciones de medio término y el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador obtendrá la mitad más una de las bancas en la Legislatura

Seguimos de cerca el levantamiento de las organizaciones y comunidades indígenas en lo que hoy es Jujuy, nos solidarizamos con todo el pueblo jujeño y con las personas reprimidas, heridas y detenidas injustamente, y ahora, acompañamos el Tercer Malón.

El contingente Malonero, con la firme convicción de que el Agua vale más que el Litio, y que la Reforma Inconstitucional viene por los derechos de los pueblos, partió hacia Rosario, última parada antes de la capital.

El 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, esperan estar entrando en Buenos Aires y realizar actividades en el Acampe frente a la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación. Griselda concluye: “Poder llegar hasta acá, y hasta Buenos Aires, en defensa de todos nuestros hermanos y de todo Jujuy, yo sé que no es fácil, estar acá es muy complicado, pero hay energías y fuerzas que están por detrás y eso me hace seguir para llegar lejos, muy lejos”.

SALT: una posibilidad real de incidir en el Congreso

Con el objetivo de generar una herramienta de monitoreo legislativo a escala nacional, para detectar situaciones de “alerta” y “oportunidad”, Fundación Plurales, en articulación con la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y el Programa Defensoras Ambientales, apoyada por la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA) y WEDO (Women’s Environment & Development Organization), impulsó la creación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT). Con la intención de un análisis relacionado con los derechos humanos y la justicia ambiental y con perspectiva de género sobre proyectos de ley que se presenten a nivel nacional en Argentina, Guatemala u otro país donde contemos con una Coalición Nacional por la Tierra (CNT), como pilotos y con intención de replicar en la región.

SALT es una herramienta que facilita el acceso a información sustantiva y oportuna para identificar el ingreso de propuestas legislativas al Congreso de la Nación, que hagan foco en temáticas por las que luchamos y trabajamos, analizando los argumentos para su debate y las posibilidades reales de incidir a tiempo en ese marco normativo, sus reglamentaciones y posibles aplicaciones.

La creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos, puede permitir que las comunidades de base se involucren y participen de manera directa, aportando elementos relevantes para el debate legislativo y la toma de decisiones, y/o pongan en marcha mecanismos de incidencia cruciales.

En el caso del SALT, las alertas están dirigidas a la observación de proyectos de Ley y disposiciones normativas que puedan afectar o beneficiar los derechos ambientales/territoriales de las comunidades. Sobre todo vinculadas a acceso y titularidad de la tierra, impacto ambiental, modelos productivos, instalación y desarrollo de industrias, acceso y gestión de los recursos hídricos. Busca facilitar el acceso de las organizaciones sociales y las/los defensores ambientales a los proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional, identificar las dinámicas de debate y argumentación de los diferentes bloques legislativos en las distintas comisiones y generar herramientas concretas para detectar amenazas y oportunidades en esos proyectos.

La herramienta consta de cuatro momentos de trabajo. Primero, de gabinete y equipo técnico que debe conseguir la información de los proyectos de Ley que se presentan. Ya con la información, se propone un filtro para definir si nos interesa dar seguimiento a ese proyecto o no. Es el momento en que se enciende o no la ALERTA. Luego, se desarrolla solo si se activó la alerta y se concentra en el contenido del proyecto, su texto (articulado y fundamentos). A través de una serie de preguntas se aplica la lógica del “semáforo” (rojo, amarillo o verde) para detectar qué aspectos representan una oportunidad o una amenaza. Finalmente, a partir de la aplicación del semáforo, se espera detectar al menos dos proyectos de ley que, por oportunidad o riesgo, nos interpelen para realizar acciones de incidencia y cabildeo concreto, por medio de un plan sistemático.

Conversamos con Daniela Atea, Licenciada en Ciencias Políticas y parte del equipo consultor que diseñó esta herramienta. “El sentido básicamente es poder acercar a las organizaciones una herramienta más que nos posicione mejor al momento de hacer incidencia legislativa o en políticas públicas. Es una herramienta que ayuda a tener más y mejor información y oportuna en el tiempo”, explica.

Daniela detalla que “Plurales detectó que esto no existe y que sería muy bueno tenerlo porque muchas veces las organizaciones tienen toda la intención de hacer algún proceso de incidencia, pero a veces llegan tarde, porque la ley ya se sancionó o no”. Además, historiza, “el proyecto empieza a mitad del 2022, lo organizamos en etapas, la primera fue exploratoria, estuvimos buscando si existía alguna iniciativa o herramienta similar y si bien hay muchos sistemas de alertas, son para otros temas. No había nada igual a esto, se vio que era una gran oportunidad para avanzar en este sentido. Entonces, se hizo un relevamiento, se extrajo de esos antecedentes lo que pudiera ser un insumo para pensar nuestra herramienta y nos pusimos a trabajar en un borrador”. En noviembre del año pasado, se presentó en la Asamblea Anual ENI.

Ese primer acercamiento con las organizaciones integrantes de ENI despertó “mucho interés, mucho entusiasmo. Lo veían muy útil, se entusiasmaron mucho y a nosotros como equipo nos sirvió mucho conocer a las personas que forman parte de estas organizaciones, escucharlos, verlos cómo ponían a prueba la herramienta, ese borrador. Pero sobre todo, el gran nivel de formación que tiene la gente que forma parte de las organizaciones. Tiene mucha formación política porque participan en muchas instancias de capacitación, en todo lo que pueden, y además tienen mucho ejercicio en la práctica”.

“A partir de ese encuentro empezamos a trabajar en pulir el sistema y ya consideramos fundamental complementarlo con otros, entonces desarrollamos una propuesta de caja de herramientas”, por ejemplo, fortalecer sus conocimientos sobre los procesos legislativos nacionales, sumar instancias de capacitación, etc. Durante 2023 “la pusimos a prueba, hicimos un barrido de todos los proyectos de ley que podrían interesarles a las organizaciones, que podrían de alguna manera despertar la alerta. Les presentamos ese listado en el encuentro que tuvimos (Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC) y volvimos a confirmar el interés de las organizaciones por la herramienta”.

“Tras ese encuentro, la idea es seleccionar uno o dos proyectos sobre los que realmente poner en práctica la herramienta y luego de lo que surja de ahí, las propias organizaciones van a ir decidiendo una estrategia de incidencia, es lo que queda por este año”, concluye Daniela.

SALT de Argentina para el mundo

Este sistema siempre estará en constante revisión y perfeccionamiento, en continuo proceso de mejora. Además, la idea es replicar esta experiencia en otros dos países, Guatemala y Perú, por ejemplo. Semanas atrás, Nicolás Avellaneda, integrante de Fundación Plurales, presentó la herramienta en las oficinas centrales del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), en el departamento guatemalteco de Sololá. Conversamos con Fredy Pérez, facilitador de la plataforma CNT Guatemala y consultor investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales IDEAR de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP).

“A partir del año 2015, Guatemala atravesó una serie de procesos de protesta y movilización social frente a la crisis de la democracia causada por la corrupción y la impunidad dentro del Estado, lo cual se expresó en el cierre del espacio cívico y la libertad de expresión. En el campo, se sucedieron constantes ataques a las personas defensoras de derechos humanos y a la resistencia pacífica a nivel comunitario frente a los megaproyectos extractivos y los grandes agronegocios. En este contexto, SALT resulta relevante, pues permitirá sistematizar las políticas y prácticas de implementación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, siendo relevante advertir sobre aquella legislación nociva a los derechos humanos y a la democracia en el país”, detalla.

Ahora, “en la última semana, se celebraron las Elecciones Generales y es posible conocer la nueva composición del Congreso y se tienen grandes posibilidades de que el nuevo gobierno, particularmente el Ejecutivo -que se eligirá en dos meses-, promueva cambios positivos en materia de política pública, democracia y la lucha anticorrupción. En este sentido, la implementación de SALT proveerá de capacidades y conocimientos que permitan continuar implementando la herramienta para el análisis legislativo en un nuevo contexto y analizar el tipo de cambios que se produzcan”.

Fredy cuenta que aún no se implementó, “pero una de nuestras organizaciones miembro de ILC, el CCDA, desde ya comenzó un proceso de consulta e investigación que permite identificar la legislación de interés para la herramienta. También, se convocó a los demás miembros de la plataforma y a organizaciones aliadas a participar en el proceso de recolección y facilitación de información, esperando que, con los primeros resultados, se pueda realizar un análisis colectivo para mejorar la implementación”.

Fredy detalla que el CCDA intercambió información con la CONGCOOP sobre SALT, “siendo interesante la metodología a implementar, pues no se realizó antes un análisis global de la legislación guatemalteca que pueda beneficiar o afectar a la población indígena y campesina. Distintos líderes y lideresas locales se interesaron y manifestaron su disposición a aprender y colaborar en su implementación”.

SALT por y para los territorios

Algo a destacar es que así diseñado, el instrumento no requiere de contar con buena conectividad a Internet, ya que la planilla de Excel original puede descargarse una vez en una computadora o notebook y usarse indefinidamente. Tampoco requiere de contar con un programa o aplicación especial. Sin embargo, estamos analizando la posibilidad de generar una aplicación sencilla para celular que cumpla la función de carga de datos y visibilidad del semáforo para “amigar el formato” lo más posible.

Nos encontramos con sociedades cada vez más complejas que, atravesadas por conflictos sociales, económicos y políticos que trascienden las fronteras de los países, exponen de manera dramática la confrontación de intereses y perspectivas sobre los mejores modos de resolver las disyuntivas y dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad. En este contexto, las preguntas por los modos de fortalecer las democracias y la participación de la ciudadanía para que las decisiones beneficien a las mayorías, resultan claves si se pretende garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas y sectores.

Fundación Plurales viene impulsado distintas estrategias para fortalecer a organizaciones de base, personas y grupos aglutinados alrededor de la defensa del territorio, los derechos humanos, los bienes ambientales y la justicia económica, de sectores históricamente desfavorecidos. Desde un enfoque de género, apoyamos a las comunidades rurales fomentando la gobernanza participativa de los bienes naturales como agua segura, tierra y la incorporación de tecnologías apropiadas que generen sistemas productivos más sostenibles. Uno de los ejes es fortalecer el trabajo en red y desarrollar programas que proporcionen un tejido social de soporte en los conflictos y acciones de resistencia ante situaciones y medidas de avasallamiento. En ese marco, el Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT) ayudará a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública.