Mientras todes miramos las cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas de los gobiernos, los conflictos socioambientales siguen y en muchos casos, se profundizan.
El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es novedad y en estos contextos queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.
En esta ocasión, dialogamos con la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).
Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con Ruth Alipaz Cuqui, originaria del Pueblo Indígena San José de Uchupiamonas de la Amazonia Boliviana, miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y coordinadora general de CONTIOCAP, que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida en Bolivia.
― ¿Cuándo y cómo nació CONTIOCAP?
La CONTIOCAP nació el 2 de diciembre de 2018, en un primer congreso de las distintas resistencias contra la destrucción de nuestros territorios que existían a nivel nacional en Bolivia, que fue convocado por los defensores y defensoras de la Reserva de Flora y Fauna Tariquia.
La convocatoria fue para las resistencias, quienes ante la destrucción y cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de nuestros pueblos, luchábamos desde las bases en nuestros respectivos territorios indígenas y/o áreas protegidas, defendiéndonos de los planes del gobierno de imponer el extractivismo: como las exploraciones petroleras, minería a cielo abierto en tierras altas y bajas, construcción de mega hidroeléctricas en las principales cuencas de Bolivia, ampliación de la deforestación para el agronegocio y agrocombustibles, mercantilización de nuestros territorios y áreas protegidas por intereses políticos, etc.
En este primer congreso determinamos como pueblos indígenas, originarios campesinos, algunas con organizaciones orgánicas y otras de base, defensores/as indígenas independientes, etc, crear la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas en Bolivia, para que en unidad nos defendamos de todo tipo de atropellos sistemáticos desde el gobierno central, de empresas transnacionales y nacionales, de organizaciones y grupos afines al gobierno, etc. Los fundadores fuimos 12 resistencias, y durante el segundo Congreso en 2019 se han sumado más, en 2020 también se fueron sumando, siendo a la fecha 35 resistencias a nivel nacional.
Antes de la creación de la CONTIOCAP, cada resistencia se defendía sola y como podía en su territorio. El nacimiento de esta Coordinadora fue para apoyarnos mutuamente entre resistencias, sea con presencia en momentos de los ataques a nuestros territorios, o, aunque dándonos apoyo moral; denunciar públicamente ante la población civil boliviana, y nivel internacional, ante organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, regionales y universales sobre las violaciones a los derechos indígenas, derechos de la naturaleza y derechos humanos, con el fin de generar debate sobre la política económica basado en el extractivismo; promover la formación para nuestras defensoras y defensores, y para nuestras comunidades, en temas geopolíticos para entender la procedencia de las violaciones de nuestros derechos como pueblos y naciones indígenas, las violaciones a los derechos humanos, y la destrucción del medio ambiente, así fortalecer a las defensoras y defensores par las luchas con conocimiento; y de ser posible, proponer alternativas o cambios de actitud de la forma de economía basado en el extractivismo, que no puede llamarse desarrollo a algo que mata, como primer paso para reducir la destrucción de nuestras fuentes de agua, de los bosques.
― ¿Qué tareas realizan?
La CONTIOCAP en su mayoría está liderada por mujeres, incluso desde las resistencias mismas, y está organizada en coordinaciones regionales: Chaco, Amazonía, Valles y Altiplano, y una coordinación general. Realizan tareas como:
- Visitar las comunidades que están siendo atropelladas, avasalladas, o violentadas por agentes del gobierno, fuerzas públicas, empresas transnacionales, y poderes económicos nacionales, para apoyar, recoger información, u organizar visitas de intercambio de experiencias.
- Trasladarse a sitios donde ocurren los siniestros como incendios forestales provocados por grupos afines privilegiados con dotación de tierras y protegidos por el gobierno, para recoger evidencia de la situación, documentarlas y a veces denunciarlas desde el sitio mismo si hay posibilidad de acceso a comunicación.
- Enviar información sobre las violaciones de derechos en los territorios y áreas protegidas, para realizar denuncias a nivel nacional ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, o ante organismos internacionales regionales y universales.
- Organizar o realizar talleres de formación para las comunidades locales, defensores y defensoras en temas de derechos indígenas, derechos humanos, medioambientales, planes geopolíticos, políticas económicas basadas en el extractivismo, que dan origen o están estrechamente vinculados a la violación de derechos humanos, derechos indígenas y de la Madre Tierra.
- Gestionar apoyos para pequeños proyectos productivos o de fortalecimiento, o de apoyo a las acciones de defensa en las comunidades.
- Apoyar a las comunidades con promoción de sus artesanías o productos para la venta en centros urbanos, o colaborar con el envío de estos productos pedidos desde las ciudades.
Sin algunas de las tareas diarias, pero hay mucho más en el día a día.
― ¿Cómo ha sido este tiempo en pandemia en relación a la lucha que llevan adelante?
En primera instancia nos hemos aislado en nuestros territorios, muchas veces sin acceso a comunicación por falta de infraestructura de internet en nuestras comunidades. Luego fuimos observando cómo las actividades extractivas se iban intensificando en nuestros territorios aprovechando la pandemia, y en nuestras comunidades se profundizaban las necesidades básicas de productos de primera necesidad, o cuando el gobierno determinó ayudas sociales nuestros pueblos quedaron excluidos por diferentes razones: no había transporte desde nuestras comunidades y los privados cobraban precios altos, y para nuestras comunidades alejadas era difícil llegar a los centros donde habían bancos para cobrar las ayudas del gobierno, los tiempos de salida y retorno en los puestos de controles que se habían multiplicado en las carreteras o ríos, no entendían que el tiempo no era suficiente para hacer extensas filas en los bancos o tiendas de aprovisionamiento para volver hasta el mediodía. Hubo mucha discriminación y mal trato en los controles con autoridades locales, militares y policías que te controlaban y te trataban como si estuvieras ingresando a otro país, o como si fueras un delincuente (la gente perdió toda humanidad y respeto hacia los civiles y entre civiles). Vimos que no había atención o provisión de insumos de bioseguridad ni medicamentos desde el gobierno central, departamental o municipal, nuestras familias empezaron a entrar en crisis por no poder generar recursos económicos, las defensoras que ya tenemos economías precarias (porque defender derechos no te da de comer), y en muchos casos dependemos de la ayuda de nuestras familias que nos sostienen, la pasamos muy mal.
Toda esta situación nos obligó a salir de nuestros territorios para denunciar lo que pasaba en nuestros territorios con la incursión de empresas petroleras, mineras, cazadores, taladores ilegales de árboles, que llevaban gente foránea a nuestras comunidades sin tomar ninguna medida de prevención. Denunciar falta de atención y hasta discriminación por parte de todos los niveles de gobierno en ayudas sociales, la falta de atención médica, exigíamos se hagan brigadas móviles para que lleguen 2 personas autorizadas a nuestras comunidades para evitar salir en masa a centros urbanos donde podíamos contagiarnos, la comunicación se encareció porque todo era por zoom, y para comprar megas no teníamos recursos.
El gobierno transitorio aprovechó para sacar nuevos decretos, como la abreviación de la autorización de uso de transgénicos. Ministros que aprovecharon para repartirse grandes extensiones de tierras en nuestros territorios, incendiaron el bosque del Chaco. Todo esto lo denunciamos saliendo de nuestros territorios. Además de gestionar algunos apoyos para las defensoras para que se puedan movilizar en sus territorios o a centros urbanos como fue el apoyo logrado de Fundación Plurales.
Nos ha limitado bastante la movilización para cumplir con nuestra labor y objetivos de apoyo, o dar formación, o llegar a los sitios para recoger información, etc. Pero nos hemos dado modos a través de la tecnología para denunciar con nuestros pronunciamientos, o participar en webinars.
― ¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad o es mucho más complejo ocuparla?
La tecnología sin duda ha sido la mejor aliada, los webinars, los medios de comunicación especializados, o periodistas independientes que nos daban cobertura para denunciar estas situaciones como Mongabay, SERVINDI, ANF que amplificaban nuestros pronunciamientos, nuestras redes sociales, los paneles virtuales, talleres virtuales. Sin duda esto ha supuesto depender de estar siempre conectado a buen internet, lo que implicaba viajar a centros donde hay porque en nuestras comunidades este servicio es inexistente, lo cual tiene un costo, así como comprar el internet en sí.
La movilización en redes activando las alianzas o redes de defensa que tenemos es clave, así mismo ir mejorando nuestra forma de comunicación con conocimiento. Es decir, la pandemia también ha servido para prepararnos mejor con conocimiento, porque en esta lucha el conocimiento es clave para romper ciertos paradigmas de lucha también y adaptarnos a lo que requiere la situación y los tiempos.
― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes?
Esto lo describí en una pregunta anterior, pero puedo enfatizar que el gobierno y empresas han arremetido con mayor brutalidad e impunidad, incluso procesando judicialmente a defensoras de las comunidades, y ocasionando muertes de defensoras o familiares de defensoras que es imposible de probar que están vinculadas a estas empresas por las acciones de defensa que asumimos.
Por otro lado, hemos anticipado y advertido insistentemente a la población, ante la opinión pública, y ante organismos regionales de Derechos Humanos como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sobre el hecho de que la pandemia se convertía en la excusa perfecta para justificar mayores amenazas a nuestros territorios indígenas y áreas protegidas, como justificativo para la reactivación económica. Esto está ocurriendo ahora, agudizado por el retorno del gobierno del MAS, que ha comprometido tierras a sus grupos afines transando votos para las elecciones 2020. Y hoy vemos día a día los avasallamientos en nuestros territorios, la desinstitucionalización de la institución que protege las Áreas Protegidas, el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), para quitarles en última instancia la categoría de protegidas, para entregarlas como tierras a sus grupos afines que tiene como propósito geopolítico electoral, y hacer desaparecer a los pueblos indígenas que ancestralmente hemos existido y por eso resistimos a sus políticas.
