Tejiendo redes: Both ENDS

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. En medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En este caso, hablamos con Tamara Mohr, quien forma parte de Both ENDS desde 1991, institución con base en Ámsterdam, capital de Países Bajos, que trabaja con grupos de defensores ambientales y derechos humanos de países empobrecidos o en desarrollo, fortaleciendo a la sociedad civil global para ganar una influencia decisiva en el uso de la naturaleza y el medio ambiente, contribuyendo así a un mundo sostenible, justo e inclusivo.

El área de especialización de Tamara el de los Derechos de la mujer y la justicia ambiental en América Latina. Actualmente, coordina el programa GAGGA (Alianza Global para la Acción Verde y de Género – GAGGA por sus siglas en inglés).

“Both ENDS nació hace más de 30 años y al inicio fue para juntar el movimiento de desarrollo y el movimiento ambiental. Hay muchas organizaciones que trabajan en desarrollo sostenible y fue muy difícil para ellas encontrar financiamiento, contacto, información, apoyo, porque no están al lado de las organizaciones de desarrollo”, cuenta.

Tamara explica que en el inicio no tenían dinero para trabajar y desarrollar agendas en común, entonces “llamábamos a ambos lados para establecer una relación. Nunca teníamos financiamiento, apoyábamos a las organizaciones que lo buscaban pero como cada vez fue más difícil encontrarlo, empezamos a escribir programas que incluían financiamiento para los socios con los que estábamos trabajando”. Además, aclara que “ahora figura que somos donantes, pero nunca queremos identificarnos como donantes, porque tenemos una agenda común”.

En relación a las tareas de Boths ENDS, “estamos ocupados en muchos temas, agua, flujo de capital, tierra, derecho a las mujeres. Pero lo que principalmente hacemos es fortalecer y trabajar junto a los socios que abarcan temas similares en todo el mundo, y nuestro papel es monitorear e influir a los inversores, los flujos de capital, el gobierno holandés”.

Aclara que “somos una organización que no tenemos un tema específico para trabajar, es más como justicia ambiental, justicia social, que puede incluir muchos temas, entonces depende un poco de qué es importante para nuestras contrapartes también. Yo principalmente estoy trabajando en el programa GAGGA que se enfoca en fortalecer las voces, las mujeres, procesos e incidencia”.

Nuestro tejido

“Para nosotros siempre es un proceso más o menos natural, de identificar contrapartes con las que trabajar. No actuamos como donantes que abren convocatorias para que puedan inscribirse y decir, bueno tenemos un proyecto que entra en todos los criterios que ustedes definieron y nosotros seleccionamos qué apoyar o no”, detalla Tamara.

En ese contexto, recuerda que “me encontré con Plurales en una reunión de EFLAC [14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe] en Uruguay y empezamos a hablar. Lo que estaban haciendo es muy similar a lo que tratamos de hacer en GAGGA, entonces así se estableció un contacto. Juntos desarrollamos una agenda en la que ambos tienen su papel”.

Tamara explica que en todos los casos, como con Fundación Plurales, no son socios porque hay financiamiento, “hay socios porque tenemos una agenda compartida y a veces está acompañado con fondos, y a veces no hay, pero eso no quiere decir que la relación con los socios con los que trabajamos se termina”. Ella destaca que lo fundamental en este vínculo es una agenda y una misión compartida.

Finalmente conversamos sobre la actualidad. “Creo que la pandemia muestra todas las limitaciones del mundo, en todos los niveles. Muestra la dependencia de los grupos locales, para todo, y que todo el apoyo de los gobiernos va a la gente más privilegiada. Entonces se muestra muy claramente que la gente más vulnerable va a ser más vulnerable aún, en una situación de crisis”.

Tamara destaca dos cosas que se evidencian en este contexto y que hablan de las diferencias que se profundizan. Primero, “para nosotros, quizás en nuestro mundo ordenado [países del primer mundo], es todo un desastre que no conocemos pero yo escucho a otras organizaciones y grupos que dicen que es una cosa más que podemos añadir a todo lo que está pasando en nuestras comunidades”. Lo otro, es que “todo facilita la minería, la construcción, la producción para el agronegocio, todo puede seguir, a pesar de las limitaciones. Entonces, las restricciones son para la gente más vulnerable, y significa que no pueda sobrevivir, y para otros pueden seguir viviendo, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir”.

De aquí en más en algunas partes del mundo, estarán “felices y pensamos que puede seguir la vida como antes”, y en gran parte del mundo no será así por mucho tiempo. “No podemos pensar que podemos volver a lo normal, porque tenemos que aprender algo de las causas de la pandemia. Y creo que eso no pasa, la gente está feliz porque puede seguir viviendo como antes, sin tener en cuenta las causas».

En el cierre, la mirada es esperanzadora: “Estoy notando que también surgen cosas muy buenas, se ve la resiliencia de muchas mujeres locales que tenemos que seguir fortaleciendo después de la pandemia”. El desafío está en no seguir como si nada y esperar hasta la próxima crisis, sino fortalecer las herramientas que aprendimos y construimos en este tiempo.

Tejiendo redes: Semiáridos

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. Transitando la segunda ola y en medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En esta ocasión, hablamos con el ingeniero agrónomo y apicultor Gabriel Seghezzo, que como integrante de Fundapaz es punto focal en la Plataforma Semiáridos (PSA), una iniciativa conformada por 13 instituciones representativas de 8 países de América Latina, que tiene como fin relevar y sistematizar las experiencias vinculadas a la utilización y al manejo de los territorios en dichas regiones para fortalecer la sociedad civil, generar propuestas e incidir en políticas públicas.

Gabriel nos cuenta que Semiáridos nació formalmente en el 2013, como producto de nuestra participación en la International Land Coalition (ILC). Fundapaz se incorporó a la ILC en 2009, y en 2010 realizó una ruta de aprendizaje centroamericana, un proceso de mapeo participativo. “En esa gira éramos 18 personas visitando sobre todo Honduras y Nicaragua, y ese viaje me cambió mucho la perspectiva de lo que era el Chaco. Porque uno está acostumbrado al Chaco argentino, al chaco trinacional, de grandes extensiones de tierra, y por Centroamérica encontré que la gente tenía media hectárea, 200 mil metros cuadrados. Tome dos dimensiones de nuestro trabajo, primero las enormes superficies de tierra que existen, en Argentina al menos, y la falta de creatividad de algunas soluciones”.

Detalla que “veía hondureños, guatemaltecos que obviamente con otro clima, pero con 2 mil metros cuadrados, un lote de 50 x 40, tenía que vivir y producir”. Ahí cambió la perspectiva de cómo tenía que encarar los trabajos. “Yo cuento siempre que me marcó mucho una charla en ese viaje. Siempre te quedas hablando hasta las 2 o 3 de la mañana con alguno, y un hondureño me dijo: ‘Lo que pasa es que si Brasil y Argentina se juntaran más, nosotros podríamos ir juntos con ustedes y haríamos otra cosa en América Latina’. Y a mí me golpeó mucho eso, porque evidentemente ellos nos ponían en un lugar que no cumplíamos, que era de cierto liderazgo regional”.

Cuando Gabriel volvió, lo primero que empezó a pensar era cómo hacer para acercarse más a Brasil. Hasta ese momento solo había escuchado, la gente le decía, que el nordeste brasileño era parecido al Chaco y que existía una organización que había resuelto el tema del agua. En ese momento, la Agencia Internacional HEIFER, que financiaba proyectos de Argentina y Brasil, decidió irse de ambos países, entonces él les hizo un último pedido, “déjenos conocer el nordeste brasilero, hagamos un encuentro”. HEIFER aceptó y se sumó la ILC, que en ese momento no tenía ningún miembro brasilero. Así sucedió un intercambio, primero fueron a Brasil y estuvieron una semana, después vinieron brasileños a recorrer el Chaco.

“El nordeste brasilero fue una experiencia muy shockeante”, cuenta. Primero, porque tiene exactamente la misma dimensión que el chaco trinacional, pero 20 veces más población. Además, por el programa de acceso al agua, “tienen 1 millón de cisternas, ves una cisterna de agua al lado de la otra”. Así, con todo esto “planteamos la creación de una plataforma dentro de la ILC, que básicamente empiece articular el Chaco con el Brasil Semiárido”. Rápidamente se sumó Bolivia y Paraguay; unos años después, el corredor seco centroamericano y un miembro de Venezuela y en 2020, una organización de Ecuador.

En relación al trabajo que realizan, el ingeniero agrónomo cuenta que Semiáridos “es una plataforma de gestión del conocimiento regional, que tiene como principio básico la incidencia política en espacios nacionales, donde actúan sus miembros; al mismo tiempo regional, como plataforma en conjunto y a nivel global con la ILC”. Trata de promover articulaciones institucionales entre las regiones semiáridas para que logren identificar diagnósticos y soluciones comunes, que puedan tener prácticas, a nivel regional, y un impacto a mayor escala desde lo territorial hacia lo global.

“Lo que buscamos es hablar de una solución de agua para toda la región, millones de obras, y esto tiene que ver con acciones en ámbitos nacionales y regionales. Semiáridos está muy centrada en lo que los propios miembros hacen pero generando un plus, mayor nivel de articulación nacional y regional, que las instituciones no tienen”.

En resumidas cuentas, la Plataforma Semiáridos reconoce e intenta revitalizar conocimientos, prácticas e intercambios de las organizaciones y que eso se vaya transformando en políticas públicas. Capitalizando eso, buscan relaciones regionales e internacionales, como con el MERCOSUR o el FIDA.

De esta Plataforma se desprende DAKI, un programa de gestión del conocimiento en América Latina, con varias líneas de cooperación. Es producto de 6 años de trabajo junto al FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola). “FIDA en Brasil tenía el Programa Semear que hacía sistematizaciones, intercambios, rutas de aprendizajes, y era un poco lo que nosotros queríamos hacer. Entonces empezamos a negociar con ellos”. Les llevó 4 años pero finalmente fue consolidándose, “hicimos acuerdos concretos, convenios, todo un programa que se llama ‘Intercambio de saberes por América Latina’, que trabaja en juventud y agroecología.

Los desafíos en pandemia

En relación al contexto actual, Gabriel afirma que “como a todo el mundo, a mí la pandemia me tiene re contra re podrido en el uso abusivo de la justificación de cualquier cosa por la pandemia. Nosotros desde el principio, nos propusimos que la pandemia sea como una adversidad nueva dentro de las eternas adversidades que tenemos, y trabajar a pesar de la pandemia”.

Aclara que “siempre hemos respetado protocolos y nos parece que así debe ser. No lo estoy planteando desde ese punto de vista, sino en el sentido de cómo la pandemia nos permitió o nos obligó, a rediseñar estrategias y tecnologías de trabajos para superar ese escollo, así como tenés la falta de agua, la pobreza, ahora tenemos la pandemia”.

Las resistencias no saben de cuarentena: Comité de Desarrollo Campesino

Mientras todes miramos las cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas de los gobiernos, los conflictos socioambientales siguen y en muchos casos, se profundizan. El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es novedad y en estos contextos queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

En esta ocasión, dialogamos con el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) de Guatemala. A finales de julio y comienzo de agosto, en varios departamentos del país, sus dirigentes vienen convocando a otros sectores de la sociedad a sumarse a jornadas de movilizaciones y bloqueos como parte del llamado Paro Plurinacional iniciado el 29 de julio, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Además, piden la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a quien culpan por apañar la impunidad y la corrupción por sus últimas decisiones para desmembrar la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Explican que luego irán por una Asamblea Constituyente popular que redacte una nueva Constitución.

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con Leiria Vay, integrante del pueblo maya, defensora de derechos humanos y de la madre tierra que forma parte de la dirección política del movimiento CODECA que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida en Guatemala.

― ¿Cuándo y cómo nació CODECA?

En 1992 fue fundada por compañeros y compañeras indígenas y campesinas analfabetas que luchaban y soñaban con derechos a la tierra y laborales, fue así cómo inició esta lucha. Pero en el transcurso de los años ha ido creciendo, actualmente tiene presencia en todo el país, se ha posicionado como la fuerza organizativa más grande a nivel nacional.

En el año 2012, que se hizo una evaluación de los avances y desafíos del movimiento, se llegó a la conclusión de que en la actualidad tenemos que luchar por construir cambios estructurales para el buen vivir de los pueblos desde los territorios. Para ello se tiene como pilares fundamentales, por un lado, la defensa de los derechos de la madre tierra, es decir defender a la madre tierra como sujeta de derecho y también posicionar a las personas y a los sectores que históricamente hemos sido excluidos, como sujetos y sujetas de derechos. En esta lógica, ahora quiénes son parte de CODECA ya no son sólo indígenas y campesinos sino también, se han articulado otros actores y sectores con los que compartimos estos sueños de cambios estructurales y por lo mismo, está en discusión asamblearia el cómo autodefinirnos. En lo que últimamente se ha ido avanzando, es que es un movimiento plurinacional, porque está constituido por todos los pueblos que habitamos Guatemala y en esa lógica, vamos a seguir luchando por la búsqueda del buen vivir de los pueblos.

― ¿Qué tareas realizan?

Las tareas que realizamos son varias, la principal lucha es la construcción del buen vivir desde los pueblos y los territorios. En esa lógica, seguimos luchando por un lado, por la constituyente, para generar cambios estructurales en todo el país; por otro lado, la lucha ya no solo por el derecho a la tierra, sino por defender a la madre tierra como sujeta de derechos, la defensa de los derechos humanos, del territorio, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las luchas de las mujeres, por la defensa del ambiente, del agua, que son luchas muy fuertes, la misma lucha no solo por los derechos a la tierra, sino también por el acceso de la tierra hacia las familias campesinas. Entonces, hacemos de manera permanente organización, formación política, movilización, comunicación, articulación desde los pueblos y territorios, y también, construcción del poder popular desde los pueblos.

― ¿Cómo ha sido este tiempo en pandemia en relación a la lucha que llevan adelante?

En Guatemala la pandemia ha sido utilizada por los sectores de poder, para reprimir más a los pueblos, saquear más al país. Con el argumento de la pandemia, implementaron diferentes medidas de restricción, sobre todo para los pueblos y los sectores empobrecidos, sin embargo, las transnacionales, las grandes empresas no pararon ni un solo día sus actividades. Eso demuestra la desigualdad que existe. Lamentablemente desde el gobierno central, como decía, utilizaron la pandemia para seguir saqueando, robando, para hacer más préstamos a nombre del pueblo, la Nación se endeudó más con el argumento de ayudar a las familias más empobrecidas, pero esa ayuda nunca ha llegado hacia las comunidades, solo fue para robar estos recursos. Desde el gobierno central se implementaron diferentes medidas restrictivas que son estados de sitio, estados de calamidades, estado de emergencia, todas estas limitaron todo tipo de organización, es decir, reuniones, movilizaciones, suspendieron el transporte público. Eso hizo que los movimientos nos quedáramos desmovilizados.

Sin embargo, se han buscado otras formas de seguir luchando. La corrupción, todo el saqueo, cada vez más se ha agudizado, la pobreza se ha agudizado más, desde el Estado no ha habido respuestas a las necesidades, ante la problemática, el sistema de salud colapsó, pero las violaciones a derechos humanos también se agudizaron más, sobretodo en las comunidades.

― ¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad o es mucho más complejo ocuparla?

Con todas las medidas generadas por la pandemia, nos ha obligado a los movimientos sociales, principalmente a CODECA, a redefinir nuestras metodologías de trabajo. Es cierto que al principio, en el mes de marzo del año pasado cuando se establecieron las medias, por un tiempo nos quedamos paralizados, en primer lugar porque pensábamos que esto iba a pasar pronto, en segundo lugar, porque no sabíamos qué hacer. Estaban restringidas todas las reuniones, todas las movilizaciones, entonces nosotras también nos inmovilizamos en casa, que eso era la directriz o el mandato desde el gobierno. Pero después de un mes, que vimos que no mejoraba sino que se agudizaba toda la situación por un lado de saqueos, robos, corrupción, y por otro lado, el temas de las violaciones permanente a derechos, nos reunimos. Empezamos a utilizar la virtualidad como principal herramienta.

Entonces, hemos afianzado por un lado el uso de la virtualidad, aunque como movimiento social nos ha implicado también muchas limitaciones, porque la virtualidad se puede utilizar en los lugares más urbanos, en comunidades que están cerca al área urbana, pero lamentablemente en Guatemala hay muchas comunidades muy alejadas todavía que están fuera de toda conexión a Internet, también comunidades que no tienen dispositivos, entonces no ha sido posible contactar con todas, pero se ha ido avanzando. Se llamó primero a una reunión virtual a las dirigencias micro regionales, que fue bastante difícil contactar con todas, pero poco a poco se fue consolidando, se fue concretando y fuimos creando todas las redes desde las micro regiones. Se ha logrado ahora, hacer más efectiva esta metodología del uso de la virtualidad que las hemos usado en dos vías, por un lado, el hacer comunicación de las comunidades, desde los territorios, para visibilizar esas realidades, qué está pasando en las comunidades, en los territorios, dar a conocer las luchas, las apuestas y propuestas, y también toda la situación de vulneración y violación de derechos, que se están dando en las comunidades; y por otro lado, seguir la discusión mediante los conversatorios virtuales, porque también nos dimos cuenta después que la virtualidad nos da esta oportunidad, que podemos conocer, podemos interactuar con compañeros y compañeras, con hermanos y hermanas que están en otro territorios también, en otro países, y poder ir conociendo sus experiencias de luchas y resistencias. Es así como, sobre todo en el 2020, se inició toda esta experiencia de conversatorios virtuales de manera permanente, tanto a nivel local, comunitario y nacional, como a nivel Abya Yala, donde hemos estado discutiendo y reflexionando sobre diferentes temas. El tema de la tierra, del agua, las propuestas de cambios estructurales, las asambleas constituyentes y todos estos procesos de luchas y resistencias desde los territorios.

Podríamos decir que al principio la pandemia nos paralizó, porque no pudimos hacer nada, nos quedamos ahí quietos y quietas en casa, pero después utilizamos la virtualidad o las herramientas que tenemos, para seguir comunicándonos, coordinando, formándonos políticamente, intercambiando experiencias de luchas y resistencias desde lo comunitario, lo local a lo nacional y lo internacional.

― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes?

En la época de pandemia, en las que no dijeron que nos quedáramos en casa, que se establecieron todas las medidas, también avanzó la represión, contra CODECA principalmente en Guatemala. Nosotros publicamos recientemente un documento que se llama “Represión en pandemia contra CODECA”, que demuestra que a pesar de ser un año bastante adverso en el que no nos han dejado movilizarnos, nos han limitado el derecho a la organización, también no solo se siguió dando el saqueo de las empresas, las empresas siguieron vulnerando derechos, sino que también siguieron reprimiendo.

El año pasado, en plena pandemia, asesinaron a tres dirigentes de CODECA, iniciaron procesos penales a varios compañeros. Hay más de 600 personas que resultaron de manera directa, víctimas de diferentes mecanismos de represión contra el movimiento, eso demuestra que la pandemia fue utilizada solo para afianzar este sistema neoliberal de saqueos, represión, sobreexplotación y de muerte para los pueblos.

Tejiendo redes: Colectivo CASA

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. En medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En este caso, hablamos con Angela Cuenca Sempertegui, Coordinadora del Colectivo CASA, institución sin fines de lucro que apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales que participan de los movimientos en defensa de los derechos ambientales desde el enfoque de la Ecología Política y la Gestión de Conflictos Socio Ambientales.

La Ing. Agrónoma, ecofeminista, activista y defensora de derechos humanos y socio ambientales, cuenta que el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales nació en febrero de 2008, en la ciudad de Oruro, Bolivia. En ese momento, “mientras en las comunidades se luchaba porque no desvíen el río para el llenado de un tajo de minería a cielo abierto, en la ciudad se negociaba con la empresa minera sobre el tipo de faroles que se iban a poner en el estadio para la Copa Libertadores”.

Por eso, la define como “una organización que nace desde la indignación y ante la preocupación por acompañar de un modo más cercano a las comunidades en situación de conflicto ambiental con operaciones mineras. Principalmente, al identificar la desigualdad y la injusticia que rodean este tipo de conflictos”.

Además, detalla que “en los 13 años que llevamos de trabajo, hemos podido también reflexionar y reconocer que en medio de la injusticia ambiental se vive otra forma de violencia estructural: la patriarcal. Esto, a partir de una participación activa de las mujeres que luego no se representa en los espacios de decisión”.

Esta institución participa en eventos y hace incidencia local, nacional e internacional. Acompaña y fortalece a organizaciones y comunidades que sostienen demandas socio ambientales. Realizan formaciones con la Escuela Itinerante de mujeres defensoras Warmi Yaku, que recorre las comunidades fortaleciendo políticamente a las mujeres en la defensa de derechos. También están impulsando internacionalmente la Escuelita por la Justicia Climática Feminista, apostando por la educación popular feminista como herramienta que reconoce los múltiples saberes. “Pensamos que las mujeres con las que trabajamos tienen un cúmulo de conocimientos y tratamos tan solo, de facilitar el proceso de revalorización”.

Forman investigadoras comunitarias intentando desafiar el obstáculo de las miradas externas y construir conocimientos y datos que sirvan y sean devueltos a los procesos. “Confiamos en la investigación militante como espacio de disputa política”.

Producen contenido como forma de proteger a las defensoras. Combinan realidades con técnicas de arte, así recogen las vivencias, denuncias y propuestas de las mujeres y sus comunidades. Además, hacen difusión por medios alternativos; campañas de denuncia y sensibilización con acciones presenciales o virtuales utilizando numerosas plataformas como su página web, Facebook, el blog OIEDC, Twitter y grupos de WhatsApp. Sumado a eso, “tenemos un equipo de acompañamiento psicosocial, porque lo emocional también es importante para la defensa del territorio”, cuenta.

En el marco de todo ese trabajo y en relación al cruce con Fundación Plurales, Angela explica que “somos aliados naturales. Compartimos visiones y acciones, hemos participado de espacios de incidencia, de fortalecimiento de capacidades y la protección de defensoras ambientales. Visibilizamos los despojos por extractivismos, acompañamos de forma directa a las organizaciones sociales, apostamos por procesos y no solo actividades, impulsamos escuelas de formación política ambiental feminista y somos organizaciones comprometidas con la defensa de derechos”.

Para concluir, y pensando en el contexto actual, resalta cuatro grandes y fundamentales desafíos, de muchos otros. “Uno de los grandes desafíos que nos ha traído la pandemia es poner la vida en centro y reconocer que la defensa del agua, la alimentación y la salud en contextos extractivos es urgente y más aún en este contexto de pandemia, donde los impactos y las necesidades en las mujeres se han amplificado”. El segundo es “mantener las acciones y continuar el tejido político socio ambiental a distancia y desde la virtualidad. No todas las comunidades y menos las mujeres, tienen acceso a la tecnología”.

Otro es la “defensa de derechos frente al impulso que están dando los gobiernos a los extractivismos, a título de reactivación económica”. Y el último y más sentido es “la contención emocional a las defensoras que son quienes cargan las crisis, además de seguir luchando por que se escuchen sus voces en comunidades patriarcales”.

Tejiendo redes: Fundapaz

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. Transitando la segunda ola y en medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestro labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En este caso, hablamos con el ingeniero agrónomo y apicultor Gabriel Seghezzo, que integra hace 25 años Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz), que trabaja en programas de desarrollo rural en el norte argentino.

Gabriel, director ejecutivo, aclara que Fundapaz nació con una misión, trabajar con población rural, “esa era nuestra misión institucional original”. La organización tiene 48 años, nació en 1973, las Hermanas del Sagrado Corazón de Buenos Aires, donaron un colegio “en plena Capital Federal de un valor incalculable”. Relata que “en ese momento el NEA (nordeste argentino) era como la zona más pobre, una zona muy marginada, también había, para que te ubiques en el 73’, mucha cooptación, había como foco de guerrilla, era una zona súper conflictiva. Y en Reconquista, el Monseñor Iriarte, que dicho sea de paso está en un proceso de canonización actualmente, junto con otros obispos, fomentaron que se creara una organización laica. Si bien nacimos de esa donación de las Monjas del Sagrado Corazón, Fundapaz es laica, no tiene, no predica el credo, sí tenemos una relación con las Iglesias Católicas y Protestantes, pero somos laicos, no dependemos de ninguna Iglesia”.

En un comienzo, apoyaba a otras organizaciones, como por ejemplo INCUPO (Instituto de Cultura Popular). “Eso fue hasta que esa donación original se fue terminando, duró unos 7 u 8 años, en ese momento Fundapaz decide instalarse con equipos propios y empezar a generar proyectos. Se crean los equipos territoriales, empezamos en Vera, Santa Fe y Santiago del Estero. En el 82’, las Hermanas del Sagrado Corazón tenían una casita en Los Blancos, y nos pidieron si podíamos ir a trabajar con los wichis, en esa zona de Salta, totalmente aislada”.

Actualmente, trabaja en la región chaqueña argentina en las provincias de Salta, Santiago del Estero y norte de la Provincia de Santa Fe. La zona de trabajo en Salta se ubica al noreste de la provincia y abarca cuatro regiones: Bermejo-Ruta 81, Morillo – Los Blancos, Pilcomayo y Rivadavia Banda Sur. La zona de Santiago del Estero se ubica en el centro de esta provincia y abarca dos grandes áreas: Robles y Garza. En Santa Fe se desarrolló en el norte de la provincia, en dos áreas: la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales.

Gabriel explica que desde el nacimiento, Fundapaz tuvo tres características que la diferencian de otras organizaciones pares o hermanas. Primero, que trabaja con población indígena y campesina, con ambos grupos; segundo, que tiene un proceso de reivindicación de derechos, pero también de uso de los recursos y por último, una fuerte intención de incidencia política y de relacionarse con los gobiernos.

Vincularse con dos grupos, indígenas y campesinos, “fue producto del trabajo, porque nosotros nos encontramos con que vivían en las mismas zonas, con los mismos problemas. Entonces, eso hizo que desarrolláramos metodologías de consenso y de acuerdos, sobre todo por los procesos de tierras. A veces nos critican en todos lados, porque dicen ‘ustedes no están con los indígenas, porque también trabajan con los criollos’. Bueno, nosotros aceptamos ese desafío de trabajar con los dos grupos”.

Fundapaz nació como una organización para fomentar los derechos de acceso a tierra y agua, pero también con sesgo productivo técnico de manejo de los recursos. “Reclamamos, junto con las organizaciones, el derecho de la tierra, pero al mismo tiempo generamos propuestas productivas para mejorar la vida de las familias. No nos consideramos una organización totalmente reivindicativa de derechos”.

Y sobre la tercera característica a la que se refiere Gabriel, dice que “parece bastante normal, pero no lo era al principio. La relación con los gobiernos no fue tan fácil, hacíamos intentos y muchas veces éramos criticados. Nosotros no tenemos esa posición, si sirve para el trabajo que hacemos nos sentamos con quien haya que sentarse, y consideramos que eso no vulnera nuestros principios. Trabajar con universidades al principio, incorporar la academia al trabajo de la ONG, también era un sacrilegio hace 20 o 30 años. Nosotros estamos convencidos de la potencia que tiene juntar la investigación académica con el trabajo de campo”.

“Como te puedes imaginar en 48 años hay mucha historia, muchas cosas que nos salieron bien, muchas que nos salieron mal y mucha agua bajo el puente. Pero somos una organización que se ha consolidado. Esto creo que no fue planificado, pero básicamente nuestro financiamiento siempre fue internacional, producto de esa donaciones de las Iglesias, entonces eso quieras o no, ha sido una gran libertad para sentarse a negociar. Nosotros nunca dependíamos de los fondos del Estado, y nos dimos cuenta con el tiempo que eso daba poder de decir ‘nosotros queremos hacer algo con ustedes, pero si no lo quieren hacer lo hago solo, no me interesa, ustedes hagan lo que quieran'», cuenta Gabriel. Actualmente, son 22 personas en planta en cuatro provincias y tienen una oficina central en Buenos Aires.

Gabriel detalla las líneas estratégicas de Fundapaz. El acceso a la tierra y el agua, al bosque y a los recursos naturales; un abordaje sobre el manejo de los recursos, todo lo técnico productivo; una tercer línea fuerte, son los procesos organizativos. “El corazón es que no trabaja con familiares individuales sino con grupos organizados, considera que la organización social es la base del desarrollo local, entonces trabaja fomentado, apoyando, fortaleciendo y creando organizaciones sociales, indígenas y campesinas”. Finalmente, el último eje es el de incidencia política, de trabajo político, “que nosotros la dividimos en dos niveles, el primero es el que hacemos con las organizaciones para que ellas hagan su planteo. Nosotros jamás nos arrogamos representatividad de las organizaciones indígenas y campesinas”. El segundo es que Fundapaz también se define como un actor político, “tiene voz política propia, expresión política con criterio institucional propio, producto de su historia, de que nuestros técnicos viven en sus territorios, viven en la zona. Somos de ahí, somos argentinos, podemos opinar, si bien nunca en representación de las organizaciones, sí en función de nuestra historia. El 90% de las veces coincidimos con las organizaciones, en algunas ocasiones no hemos coincidido y hemos mantenido posiciones diferentes”.

Nuestro tejido

En relación al cruce con Fundación Plurales, Gabriel cuenta que “en principio, institucionalmente nos cruzamos en algunos territorios, en Santiago del Estero, en algunas zonas de Salta. Fundapaz articula y tiene eso en su ADN, bienvenida las relaciones y cultivamos esa relación. Nuestro vínculo con Plurales vino a través de la ILC (International Land Coalition). Fundapaz avaló la inclusión de Plurales a la ILC y yo creo que ahí empezamos a cruzar más nuestras vidas institucionales con Semiáridos, después con ENI Argentina, ahora con Iniciativa Tierra y ODS y DAKI”.

“Fue como consolidándose esa relación a través de acciones muy concretas, basada en cosas concretas. Está muy bien lo conceptual, está bueno el marco teórico, pero si nos quedamos en eso yo siento que es una estafa para la gente con la cual trabajamos, la gente necesita ver algunas soluciones concretas. Creo que eso también fue haciendo nuestra relación y hoy tenemos muchos cruces concretos, muy buena onda, algunas discusiones y las vamos a tener siempre, pero no es un problema, para nada, la diversidad de opiniones es parte de la riqueza, no hay problema con eso, podemos pelearnos pero sabemos que en otras cosas no y está bueno”, cuenta.

Para adelante, “hay grandes oportunidades para trabajar juntos, cruces muy interesantes, podemos potenciar mucho lo que hacemos. Con Plurales hay mucha potencialidad, respetándonos las diferencias, muchas cosas por hacer juntos”.

A nivel general, actualmente en este contexto particular que vivimos, explica que la pandemia lo tiene cansado, “creo que como todo el mundo”. Según él hay un “uso abusivo de la justificación de cualquier cosa por la pandemia”. Desde el comienzo la lógica fue “qué vamos hacer para superar esto, entonces rediseñamos todo la metodología de comunicación con las organizaciones, nos pusimos hacer otras cosas, posibles investigaciones, documentos, mientras estábamos todos encerrados, empezamos a pensar. Tuvimos una ventaja gracias a nuestros equipo territoriales, hubo cosas que sí se pudieron hacer a nivel local”. Fundapaz realiza su trabajo bajo un proceso de capacitación, y asistencia técnica, con equipos locales interdisciplinarios que viven en los territorios y que tienen una relación cotidiana con las organizaciones.

“Nosotros desde el principio, nos propusimos que la pandemia era como una adversidad nueva dentro de las eternas adversidades que tenemos. Nos propusimos trabajar a pesar de la pandemia, por supuesto siempre hemos respetado protocolos y nos parece que así debe ser, además cerramos cuando se tuvo que cerrar todo. La pandemia nos permitió o nos obligó, a rediseñar estrategias y tecnologías de trabajos para superar ese escollo. Así como tenés la falta de agua, la pobreza, ahora tenemos la pandemia”, detalla y deja en claro que el contexto de este trabajo nunca es fácil.

*Les compartimos el reporte 2020 de Fundapaz

Tejiendo redes: Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. Transitando la segunda ola y en medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos continuar con la serie de entrevistas, que comenzamos en 2020, para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestro labor, sin los cuales todo esto sería imposible.

En este caso, hablamos con Ricardo Bertolino, Director Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), una coalición de 225 municipios argentinos que, junto a una secretaría ejecutiva, coordina e impulsa planes estratégicos para hacer frente al cambio climático.

Ricardo cuenta que “la RAMCC se constituyó en noviembre del 2010, en una reunión internacional que realizamos los municipios de Argentina. Los primeros que se animaron fueron dos, la ciudad de Corrientes y la ciudad de Monte Caseros, en Corrientes. Ahí los dos intendentes firmaron la creación de este espacio. El 10 de noviembre es nuestro aniversario, ya cumplimos 10 años”.

El surgimiento de esta red tiene que ver con “las visitas que realizamos a distintos municipios del país para preguntarles qué es lo que hacían con el tema del cambio climático. Comenzamos a acompañar el proceso de involucramiento de la comunidad en cambio climático en los municipios de Llambi Campbell, Venado Tuerto, Monte Caseros y otros más. Luego de todo ese proceso de consulta, los municipios hicimos la reunión internacional en Monte Caseros y ahí surgió la Red”.

Ricardo distingue cuatro patas importantes de la tarea que realizan: el acompañamiento, la capacitación, la implementación y las articulaciones internacionales.

“Nos focalizamos en el acompañamiento a los equipos técnicos municipales en el armado de su plan de acción climática, en ese sentido ya hemos cumplido esta etapa en una gran cantidad de municipios de Argentina. Luego, continuamos en la actualización permanente, los planes se tienen que revalidar o renovar cada dos años, y colocarlos en las plataformas internacionales corregidos”, detalla.

En relación a la capacitación, explica que la realizan para distintos actores sociales, aunque el foco está puesto en el equipo municipal. “Tenemos actividades de capacitación en temas específicos como residuos, gestión del agua, turismo sustentable, eficiencia energética, energías renovables”.

La tercer pata, es la implementación de algunos proyectos que llevan adelante. Sobre eficiencia energética, “tenemos un proyecto de Euroclima para 32 municipalidades, para hacer auditorías energéticas e invertir en fondos para la estructura municipal. Otro proyecto que llevamos adelante, es la Red de Empleos Verdes, un fondo también de la Unión Europea por 3 años, para el armado y fortalecimiento de una red de emprendedores verdes en todo el país”.

Por último, “otro foco importante nuestro es la articulación internacional de las acciones que llevan adelante los municipios y la presencia en alianzas internacionales como el Pacto Mundial de Alcaldes. Hay una gran cantidad de alianzas internacionales en las que participamos y donde hacemos nuestros aportes”.

Nuestro tejido

Fundación Plurales coordina en Argentina el proyecto Acción Climática Participativa: integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano (ACP), perteneciente al programa Euroclima+, y en 2020 celebró un acuerdo con la RAMCC. A partir de julio de ese año, comenzamos a trabajar de manera conjunta con las cuatro localidades que son parte de ACP en Argentina: Olta y Patquía en La Rioja; Las Breñas, Chaco y Villa Tulumba en Córdoba.

“Hemos trabajado juntos en el armado y acompañamiento de Planes Locales de Acción Climática en municipios del Gran Chaco argentino. Los cuatro municipios finalizaron sus planificaciones y se capacitó a los equipos municipales en estas temáticas”, cuenta Ricardo.

En diciembre del año pasado, se realizó el Acto de Presentación de los «Planes Locales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático», y la adhesión a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía de los cuatro municipios argentinos.

Actualmente, en este contexto de pandemia, Ricardo plantea que “el desafío es tal vez, hacerle ver a las personas, a las comunidades, que hay muchas cosas que cambiar. Hay que asumir responsabilidades frente a un mundo que va sufriendo las consecuencias de malas decisiones que vamos tomando, y que de a poco nos vamos volviendo más vulnerable en un planeta al que estamos afectando”.

Volver a transitar los territorios: Salado Norte

Necesitábamos hace mucho tiempo, hacer cuerpo el encuentro, romper la virtualidad. Finalmente pudimos regresar, con actividades pendientes, con una agenda apretada para que entre todo, pero fundamentalmente con la necesidad de encontrarnos después de mucho. Estábamos ansioses del intercambio cara a cara, el compartir cotidiano y continuar con el trabajo que aún en pandemia, seguimos articulando entre todes.

Santiago del Estero está al norte de Argentina, en la región del Norte Grande Argentino, limita al norte con Salta y Chaco, al este con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Su población es de 896.461 habitantes, y una superficie de 136.351 km², dividida en 27 departamentos.

Después de los hisopados correspondientes, más de 400 kilómetros de ruta y un control policial, pisamos Santiago del Estero con ansiedad, emoción y miedos, pero sobre todo alegría de volver. A eso, le sumamos más de 2 horas de viaje para llegar al departamento de Pellegrini, bien al norte. Pasaron 18 meses y pudimos volver a uno de los tantos lugares donde habita parte de nuestro trabajo.

Más allá de las actividades planeadas en cada localidad, lo principal era volver a conectarnos. Reencontrarnos con las organizaciones, con los municipios, luego de un año de haber trabajado desde la virtualidad.

Nuestra primer parada fue la Comuna de El Mojón, población ubicada en el departamento Pellegrini, para la Presentación del Plan Local Cambio Climático realizado en el marco del proyecto Acción Climática Participativa, del programa Euroclima+, que coordinamos en Argentina. Luego, llegamos a la localidad de Piruaj, del Departamento Copo, donde compartimos con las mujeres del Frente de Mujeres del Salado Norte. En El Aibal, compartimos con la Asociación de Productores de Pellegrini y Alberdi (APPA). En La Candelaria, paraje ubicado al norte del departamento Copo, visitamos a la Asociación La Candelaria. El último lugar, fue la sede de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPSAN) en San José del Boquerón, localidad ubicada en el departamento Copo.

La territorialidad es parte fundamental de nuestro trabajo. La acción, la ejecución y compartir con la comunidad es lo que más disfrutamos. El territorio es un espacio construido de intercambios, en los que gestionamos de diferentes modos y armamos redes. Esa red de relaciones que en pandemia nos llevó horas de comunicación telefónica y computadora, ya era hora de poder ponerla en presencia, en campo.

En todos los años que llevamos trabajando, Santiago del Estero fue el primer lugar donde comenzamos a ejecutar proyectos en 2001, establecimos vínculos fuertes, no solo de trabajo y cooperación, sino de amistad y compromiso. Y si bien el WhatsApp, el Zoom y el cariño nos mantuvieron conectados y trabajando, con todos los desafíos que presenta la virtualidad, necesitábamos vernos cara a cara, compartir la ronda bajo un algarrobo, sentir los pies en la tierra y el clima de nuestro chaco.

Fundación Plurales trabaja en esta zona del Salado Norte, departamentos Copo, Alberdi y Pelegrini, hace más de 20 años. Tenemos una trayectoria que casi surge al mismo tiempo que nuestra fundación. Es uno de los primeros lugares donde empezamos a sentir y vivir el territorio, conocer la realidad de estas tierras, de las que nos sentimos parte, conectar con la gente y aprender con las organizaciones campesinas. Nuestra propia organización se fue constituyendo en base a las necesidades y demandas que fueron surgiendo de este territorio, por ejemplo el acceso al agua, el trabajo, la tierra, y el trabajo con las mujeres que son nuestra prioridad.

«Los extrañamos», «Tanto tiempo» se repite en todos los lugares que visitamos. El reencuentro es cálido pese al distanciamiento social y los protocolos de cuidados. Nos esperan con comida y queremos contarnos todo lo que sucedió en este tiempo que la pandemia no nos dejó vernos cara a cara.

Si bien tenemos un vínculo por los medios digitales que actualmente nos permiten estar conectades, no es lo mismo. Compartir el cotidiano en campo por unos días, nos dio energía para seguir de otro modo. Porque la conversa cuerpo presente, pisando la misma tierra bajo nuestros pies, nos encuentra. Nos volvemos a sentir más cerca, para seguir con cada una de las luchas diarias.

Aprendemos de las luchas campesinas que resisten a los avances del agronegocio, la lógica del capital y la aceleración capitalista que rompe con todo los ciclos y tiempos que la naturaleza necesita para seguir produciendo la vida en el territorio. El movimiento campesino en Santiago del Estero es uno de los más grandes de todo el país, que lleva más tiempo, es ejemplo y esperanza para muchos otros territorios. Es para nosotres un placer trabajar con elles.

Nos recibió el calor intenso típico de Santiago y nos despidió la lluvia, esa que aunque sea poca, en muchos casos anega los caminos de tierra para llegar a las comunidades con las que venimos trabajando. Todos los días la agenda quedaba a disposición del clima, sabíamos que si llovía mucho no íbamos a poder visitar algunos lugares, lo que sucede en territorios desmontados por el agronegocio y el avance inmobiliario, el suelo no absorbe, no filtra la lluvia, y el agua que debería ser una bendición en esos lugares secos, es mala noticia. Tuvimos suerte, y la lluvia nos permitió llegar a todos lados.

Aunque los caminos mejoran, colocan asfalto o ripio, se suman otras problemáticas como este avance de la frontera agropecuaria que además de provocar inundaciones, hace que las napas no se recarguen de agua y aquellas comunidades donde el acceso al agua para consumo depende de algunos pozos, se ve afectado porque no filtra en la tierra, se escurre y los pozos no se cargan.

El abrazo apretado y el mate compartido se harán esperar un tiempo más, pero mirarnos a los ojos lejos de las pantallas nos inyectó vida para seguir haciendo esto que amamos. Nos fuimos sabiendo que los años de trabajo y los hilos que tejemos siguen ahí, intactos. «Esperamos que vuelvan pronto, que esto pase rápido», dijimos elles y nosotres una y otra vez.

Declaración de Derechos Campesinos: herramienta para fortalecer los derechos de las comunidades rurales

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre este documento producto de un gran trabajo de incidencia impulsado desde la sociedad civil, principalmente la Vía Campesina Internacional que en septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó.

Este informe es parte de una serie que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en breve en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo busca poner en valor este tipo de incidencia pública de alto nivel, así como resaltar los horizontes de posibilidades que abre la Declaración en la exigibilidad de derechos a nivel local para les campesines.

Neoliberalismo y sus consecuencias

A finales de la década de los 90′, pleno auge del neoliberalismo, el capital financiero profundizó su acercamiento al campo provocando procesos de mercantilización (proceso de transformación de bienes y servicios en mercancías comercializables con fines de lucro. El valor de cambio de los objetos prevalece sobre su valor de uso) y financiarización (ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento de una determinada actividad, en este caso la agricultura) de la agricultura. Estos procesos vinieron de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. “El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad”.

De la mano de esta ideología y con la complicidad de los Estados, en el campo se vivió un proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas. Con el afán de conseguir más terrenos para la producción, las empresas avanzaron sobre las selvas y bosques nativos, así como también sobre territorios que poseían comunidades campesinas e indígenas ancestralmente. Así, esta etapa tuvo consecuencias nefastas para el campesinado: los desalojos forzosos con los despojos que conllevan; la destrucción de mercados locales; la precarización laboral y en muchos casos trabajo esclavo en las fincas de los grandes productores; la contaminación con agrotóxicos que no sólo destruye la naturaleza sino que enferma a las poblaciones; el aumento de la criminalización, violencia y persecución de les campesines; el aumento de las migraciones forzadas; entre otros.

En el plano agrario, la ideología neoliberal trajo aparejada también la teoría del “Fin del Campesinado”. Según esta teoría, con el desarrollo del capitalismo primaría el trabajo asalariado, reemplazando por ende al trabajo familiar. Concretamente, sugiere que las familias campesinas desaparecerían, dejando en manos del agronegocio la capacidad de “alimentar a la humanidad”. Nada más alejado de la realidad: les campesines se organizaron en grupos y movimientos de lucha y resistencia.

Vía Campesina: organización impulsora de la Declaración

Es en este contexto que se produce la conformación de La Vía Campesina: movimiento que reúne a millones de campesines, pequeñes y medianes agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Dentro de los objetivos de la organización se destaca la lucha por la tierra, en contra de las políticas que abren las puertas a las corporaciones en detrimento de las comunidades.

Frente a la crisis climática y alimentaria a nivel global, la Vía Campesina logró – a través de la articulación con otras organizaciones, el debate y elaboración de propuestas y proyectos – desmentir la teoría del fin del campesinado. “No solo que no era el fin, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra”.

De esta manera y en un contexto de vulnerabilidad, discriminación y despojo de les campesines del mundo, además del constante hostigamiento respecto a los modos de producción, el acceso a la tierra y a las semillas y la comercialización de sus productos, se comenzó a delinear una estrategia de incidencia internacional para elaborar una “Declaración de los Derechos Campesinos”, cuya redacción fue impulsada por Vía Campesina en alianza con otras organizaciones como FoodFirst Information and Action Network (FIAN) y el Centre Europe – Tiers Monde (CETIM).

Vía Campesina comenzó a escribir un proyecto de Declaración en abril del 2002, en la “Conferencia Regional sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos” teniendo en cuenta los procesos desarrollados en diversas actividades previas. En este proyecto se denunciaba la constante violación de los derechos de les campesines y cómo esto se ve agudizado con las políticas neoliberales, llevando a la necesidad de un convenio internacional para el cumplimiento y respeto de sus derechos.

En el año 2008, junto con FIAN y CETIM, presentaron ante la ONU el proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos”. Y recién en el 2012, se llegó al Consejo de Derechos Humanos donde se presentó el Proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

En el 2014, una nueva resolución del Consejo ratificó la necesidad de una declaración presentando un nuevo proyecto que confirmó derechos ya proclamados en otras declaraciones, pero puso en el foco otros: el derecho a la tierra, a las semillas, al acceso a los mercados y precios justos, al agua de consumo y producción, al uso y gestión de los bienes naturales y a no ser afectados por agrotóxicos y transgénicos.

Finalmente, en septiembre de 2018, en la ciudad de Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó la resolución relativa a la Declaración sobre los Derechos campesinos y otras personas que trabajan en zona rural. Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York adoptó formalmente dicha declaración, convirtiéndose, por lo tanto, en un instrumento legal internacional.

Declaración de Derechos Campesinos: ¿qué es?

La Declaración de los Derechos de campesines y otras personas que trabajan en zona rural es una herramienta para que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, reclamar políticas públicas que respeten y fomenten su agricultura y forma de producción, que promuevan la soberanía alimentaria y todo aquello que mejore los medios para habitar el territorio, posibilitando la elección de permanencia en él y evitando que deban migrar por la falta de condiciones mínimas que aseguren una vida digna (el llamado “éxodo a las grandes ciudades”).

Esta declaración envía un fuerte mensaje para que se reconozca el rol fundamental de les campesines, abriendo perspectivas de futuro para que se respeten condiciones de vida y de trabajo decentes. El mundo necesita esta herramienta para promover la implementación de sistemas alimentarios sostenibles en el mundo.

En primer lugar, reconoce como campesines a quien se dedique o pretenda dedicarse de forma individual, asociada o comunitaria a la producción agrícola. Seguidamente, consagra los siguientes derechos:

-El derecho a la tierra que se define como el acceso, el uso y la gestión de la tierra, elementos necesarios para respetar el derecho a un nivel de vida decente, a la salud, a participar en la vida cultural, al acceso a la justicia, al agua potable y saludable, limpia y al saneamiento de la misma, así como el derecho a estar protegido contra desalojos forzados, contra la contaminación, entre otros. Estas nociones implican libertades y derechos que resultan fundamentales para el respeto de los derechos de las poblaciones rurales.

-El derecho a las semillas y a la biodiversidad, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas. Al desarrollar sus propias semillas, les agricultores construyen sistemas agrarios más resilientes y más sostenibles, capaces de alimentar la población a pesar del cambio climático.

-Se reconocen los derechos colectivos, expresado como el derecho a fundar organizaciones, ser reconocidos jurídicamente, opinar libremente y a buscar, recibir y difundir información vinculada a los procesos de producción, elaboración y comercialización de los productos. Esto se refiere a la manera en la cual se organizan las poblaciones rurales, particularmente lo relativo al acceso y gestión de sus recursos (ya que la mayoría de ellas son socialmente definidas y se organizan de manera colectiva).

Mujeres Campesinas

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), las mujeres representan el 50% de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en desarrollo. Pese a esto, las mujeres rurales enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios.

Por esto, la igualdad de género es una de las políticas centrales a la hora de trabajar en el ámbito rural, y sobre esto, la Declaración también aporta herramientas concretas. Específicamente, la Declaración cuenta con dos artículos que empoderan el rol de las Mujeres Campesinas.

Uno de ellos es el artículo N°4, que declara la responsabilidad de los Estados de implementar las medidas que crea pertinentes para “eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales y para promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que disfrutan plena y equitativamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y que pueden perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural”.

“La inclusión de dos artículos específico de reivindicación de los derechos humanos para las mujeres dentro de la declaración, se convierte en un avance muy significativo para miles de nosotras que militamos dentro de las organizaciones y en el medio rural, pues, es una forma de reconocer, pero, también regular escenarios excluyentes, discriminatorios que desde la cultura e ideología patriarcal desarrolla una identidad de apropiación de los cuerpos, del trabajo y de la vida de las mujeres y de los bienes naturales” expresan Iridiani Seiber y Yolanda Areas, quienes conforman el Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) de Brasil y la Asociación de Trabajadores de Campo (ATC) de Nicaragua, respectivamente.

La Declaración: voz de alerta y horizonte de acción

Respecto a la Declaración, Diego Montón, referente del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento Campesino Indígena de Argentina e integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina concluye que “es un compendio de propuestas, horizontes y políticas públicas agrarias que deberán irse materializando en cada una de las naciones. El preámbulo reconoce el papel fundamental de la soberanía alimentaria para el desarrollo de la humanidad y reconoce la importancia de la reforma agraria como una instancia a la cual los Estados deben apelar para garantizar la soberanía. Con datos muy concretos reconoce las injusticias y desigualdades a las que se ve sometida la agricultura campesina, así como derechos fundamentales (…) que a partir de ahora marcan una pauta hacia dónde deben ir las legislaciones de todos aquellos Estados que se consideren progresistas o respetuosos de los derechos humanos. Por eso plantea cuáles son las obligaciones para que se garanticen esos derechos (…) Si bien por ahora no es vinculante, nos brinda todo un marco para los conflictos que tenemos por tierras, por semillas y para pelear por los precios justos de nuestros alimentos. En el norte del país, en Salta y Jujuy, tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.

Cabe destacar que de todos los procesos de debate que implicó la Declaración, se logra el reconocimiento y reivindicación de la importancia y el rol fundamental que ocupa la agricultura campesina: alimenta al 85 por ciento de la población mundial, con tan sólo un cuarto de las tierras agrícolas. Es por ello que comienzan a considerar que fomentarla es la mejor estrategia en la lucha contra el hambre, que es uno de los principales objetivos de Naciones Unidas. “Este proceso reconoce y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad, tanto por la producción de alimentos como en la mitigación del cambio climático”.

Este es un buen resumen que pone en foco dos puntos importantes. En una primera instancia, la declaración ubica en el más alto nivel de debate internacional tanto el rol como la importancia de la agricultura campesina, reconociendo a su vez las situaciones de discriminación, marginación y vulneración de derechos a las cuales están sometides campesines de todo el mundo.

Sumado a este reconocimiento legítimo, se convierte en una herramienta muy importante de incidencia política, ya que sirve de base para reclamos y luchas de los distintos grupos a nivel local, en la búsqueda de reformas legales que les sean favorables. Es decir, permite plantear una serie de derechos y obligaciones de los estados en relación a esta actividad, dando lugar a que se problematicen las situaciones de injusticia como los desalojos de tierras, la privatización de las semillas; la falta de cobertura social, de acceso a la justicia, al mercado y a precios justos para tener ingresos adecuados y una vida digna, entre otros. “La declaración viene a poner una voz de alerta, pero también un horizonte sobre qué tienen que hacer los Estados ante estos escenarios”.

Es interesante destacar que la lucha del campesinado va más allá de la tierra y la producción agraria; es la lucha por sus territorios, por la preservación de sus culturas y modos de vida. Es movilizarse para construir sociedades más inclusivas y democráticas.

Si bien es reciente la resolución de la Declaración, podemos afirmar que para las organizaciones campesinas significa una victoria en el reconocimiento de sus derechos, luchas y su rol como actores clave del sistema alimentario mundial. En palabras de Diego Montón, “tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.

Un repaso de lo que construimos este año

El 2020 significó muchísimos desafíos, para todes, pero logramos reacomodarnos, reorganizarnos y seguir conectades. Siempre juntes, apostando al trabajo colectivo con la firme convicción de que otro mundo es posible.

Queremos compartir con ustedes solo algunas cosas, de todas las que hicimos este 2020 en Fundación Plurales. ¡Gracias por acompañarnos y ser parte de una u otra forma, de Fundación Plurales en este año! Esperamos seguir creciendo juntes en el 2021.

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EPU-Fundacion-Hugo-Paraguay

Informe EPU Alternativo de Paraguay

El Examen Periódico Universal (EPU) es un análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo del que participan los 193 Estados que son miembros de las Naciones Unidas (ONU). Es una evaluación entre pares, en la que cada cuatro años y medio cada país es analizado por los otros. El EPU fue creado por la Asamblea General de la ONU en 2006 y es el único mecanismo universal de este tipo.

En el Consejo de Derechos Humanos, cada Estado debe presentar un informe de los avances en la materia. Los demás Estados hacen preguntas al país que es evaluado y le realizan observaciones, lo que se conoce como “evaluación de pares”. Luego el análisis de los avances se realiza teniendo en cuenta la información brindada por cada Estado en su informe nacional y la que aportan la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. En una sesión posterior, se adopta el informe final que incluye recomendaciones a cada Estado y los compromisos voluntarios asumidos en el marco de esta evaluación. En los años que transcurren entre una evaluación y la siguiente, un ciclo de 4 años, el Estado debe implementarlos.

En esta oportunidad, Fundación Hugo, de Paraguay, junto a Fundación Plurales finalizó el 3° Informe EPU Alternativo de Paraguay. Documento que está planteado desde las voces de las Mujeres Indígenas y defensoras ambientales, centrado en cuestiones del derecho al agua y al territorio.

Este informe fue construido a partir de talleres participativos y comunitarios, y la utilización de fuentes secundarias, en el marco de distintas iniciativas regionales como el Programa Defensoras Ambientales, el Programa Sedcero, la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA), y la Plataforma Semiáridos de la International Land Coalition América Latina (ILC LAC). Colaboraron gobiernos locales, comunidades y organizaciones indígenas, Organización de Mujeres Mismo Indígena (OMI), Red de Mujeres Guaraní de Macharety, Santa Teresita y Yvopey, Ayoreas de Campo Loro, Nueva Promesa y Grupo de Mujeres de la comunidad Yakye Axa y Colonia 96.

Este lunes 19 de octubre a las 17hs (ARG y PY), en un vivo desde el Instagram de Fundación Plurales, estaremos contando todos los detalles de las cifras y datos y cuáles son las recomendaciones que le hacen al Estado de Paraguay.

La Fundación Hugo Daniel Ramírez Osorio es un organismo no gubernamental, autónomo, autogestionario y sin fines de lucro, creado para promover los valores de la justicia social, el respeto y la búsqueda de una sociedad más igualitaria y basada en los principios de la libertad y fraternidad. Fue aprobada por el Decreto presidencial número 5692, en diciembre de 2010.

Promueve la profundización de la democracia, con enfoque de derechos y equidad de género, para el desarrollo participativo y sustentable de los pueblos, comunidades y familias que habitan el Paraguay. A través de tres programas, trabaja a favor de los derechos de las mujeres indígenas, el desarrollo económico con sustentabilidad ambiental y los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Creemos que las recomendaciones de este informe son un enorme aporte para conocer y mejorar las actuales condiciones de pueblos indígenas, defensoras ambientales, derecho al agua y derecho al territorio en Paraguay.

Aquí podés ver el informe completo.