Desde hoy y hasta el 3 de febrero, tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el 42° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas (ONU). En este cuarto ciclo 13 Estados parte de la ONU serán revisados por su desempeño en derechos humanos.  

En este caso, Argentina deberá responder sobre los hechos de violencia institucional; la implementación de la interrupción voluntaria y legal del embarazo; las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ+, la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); los avances en el reconocimiento de los territorios indígenas; la situación de las personas migrantes y refugiadas y la ley de Humedales. 

El EPU es un proceso de examen entre Estados, mediante el cual se revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada 4 años y medio. Esta es la cuarta vez que el Estado argentino se somete a este escrutinio, lo hizo en 2008, 2012 y 2017.  

El encargado de llevar adelante el examen es el Grupo de Trabajo del EPU conformado por los 47 miembros del CDH. Durante el examen, el Estado evaluado es asistido por un grupo de tres países que se conocen como “troikas”, facilitadores del proceso. Esta vez, los países sorteados para el examen de Argentina son Bolivia, China y Gabón.

El examen tiene forma de diálogo interactivo y dura 3 horas y media, y podrá verse online. 

El Estado argentino tendrá tiempo para presentar su informe nacional y responder a comentarios y preguntas de otros países, quienes también formularán recomendaciones. Una vez finalizado el examen, la troika prepara un “informe de resultados” que contiene un resumen del proceso. 

Luego, Argentina tendrá la oportunidad de hacer observaciones preliminares sobre las recomendaciones, “aceptarlas” o “tomar nota” de ellas. Todas ellas se incluirán en un “informe final” que se aprobará por consenso en el Grupo de Trabajo y más adelante, formalmente, en el 53º periodo ordinario de sesiones del CDH que tendrá lugar en Ginebra del 19 de junio al 14 de julio de este año. 

Si bien en esta ocasión no podremos estar presencialmente, entendemos que las recomendaciones del EPU constituyen una gran oportunidad para volver a insistir sobre las deudas pendientes con los derechos humanos. Por eso, en los últimos meses del 2022, con organizaciones de derechos humanos y Gobiernos de Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Eslovenia, Paraguay, Bolivia y Finlandia realizamos acciones de incidencia. Además nos contactamos con las Coaliciones Nacionales por la Tierra (CNT) de África. 

En todos los casos, para incentivar a estos gobiernos a que incluyan las temáticas de derechos a la tierra en sus preguntas al Estado argentino, les acercamos el informe “DERECHOS HUMANOS Y LA RELEVANCIA DE LOS DERECHOS A LA TIERRA Y TERRITORIO EN ARGENTINA”, realizado por las organizaciones miembro de la Coalición Nacional para la Gobernanza de la Tierra – ENI Argentina, impulsada por la International Land Coalition (ILC) y sus socios en Argentina: Fundapaz, Fundación Plurales, Redes Chaco y la Federación Agraria Argentina. 

Los documentos en los que se basa la Comisión examinadora del EPU para la evaluación son:

-El informe nacional presentado por el Estado bajo examinación. 

-Una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas.

-Un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.

Queremos destacar que al revisar los tres informes ya publicados por ONU, detectamos que logramos incluir cuestiones claves de los derechos a la tierra en la evaluación.

En el informe de compilación de expertos se incorporaron recomendaciones textuales del informe de la CNT Argentina, en el informe de organizaciones regionales tomaron recomendaciones del último informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) realizado por la Coalición y también, en las preguntas claves enviadas con anticipación, Alemania y Eslovenia han apuntado sus preguntas a temas clave introducidos en el informe. 

Del contenido del informe presentado por la ONU, destacamos la preocupación por las denuncias de amenazas y violencia, en los últimos años, contra les defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y por la tendencia a la confrontación violenta y criminalización de quienes buscan la restitución de los territorios indígenas. 

El informe retoma que el DESC recomendó garantizar la implementación y reglamentación de la Ley 27118 de Agricultura Familiar, tomar medidas para reforzar la seguridad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. 

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó su gran preocupación por el agotamiento del suelo y la degradación de las tierras asociados a la producción de soja, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) clasificó a la Argentina entre los países que habían perdido más bosques. Mientras el Comité DESC se mostró muy alarmado por el aumento en Argentina, del uso de pesticidas y herbicidas que contienen glifosato, y recomendó la adopción de un marco normativo que incluya la aplicación del principio de precaución con respecto al uso de pesticidas y herbicidas nocivos. 

Sobre el derecho a la tierra, Elver indicó que, a lo largo de los años, y como consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida la producción de soja, los pueblos indígenas perdieron grandes porciones de sus territorios tradicionales. Al mismo tiempo, el Comité DESC marcó su preocupación por la falta de mecanismos para la titulación de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas. 

Finalmente, el equipo de las Naciones Unidas en el país consideró necesario avanzar en el relevamiento de las tierras comunales indígenas y en la reglamentación de una ley de propiedad comunitaria y una ley de consulta previa promoviendo mecanismos de consulta libre e informada a los pueblos indígenas a nivel nacional y provincial, adecuados a estándares internacionales, focalizando la cooperación en la región del Gran Chaco.

Fundación Plurales seguirá de cerca este Examen Periódico Universal como otra posibilidad de seguir insistiendo en las deudas con las personas que viven en y por la tierra de Argentina.