Volver a transitar los territorios: Salado Norte

/0 Comentarios/en , , , /por

Necesitábamos hace mucho tiempo, hacer cuerpo el encuentro, romper la virtualidad. Finalmente pudimos regresar, con actividades pendientes, con una agenda apretada para que entre todo, pero fundamentalmente con la necesidad de encontrarnos después de mucho. Estábamos ansioses del intercambio cara a cara, el compartir cotidiano y continuar con el trabajo que aún en pandemia, seguimos articulando entre todes.

Santiago del Estero está al norte de Argentina, en la región del Norte Grande Argentino, limita al norte con Salta y Chaco, al este con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Su población es de 896.461 habitantes, y una superficie de 136.351 km², dividida en 27 departamentos.

Después de los hisopados correspondientes, más de 400 kilómetros de ruta y un control policial, pisamos Santiago del Estero con ansiedad, emoción y miedos, pero sobre todo alegría de volver. A eso, le sumamos más de 2 horas de viaje para llegar al departamento de Pellegrini, bien al norte. Pasaron 18 meses y pudimos volver a uno de los tantos lugares donde habita parte de nuestro trabajo.

Más allá de las actividades planeadas en cada localidad, lo principal era volver a conectarnos. Reencontrarnos con las organizaciones, con los municipios, luego de un año de haber trabajado desde la virtualidad.

Nuestra primer parada fue la Comuna de El Mojón, población ubicada en el departamento Pellegrini, para la Presentación del Plan Local Cambio Climático realizado en el marco del proyecto Acción Climática Participativa, del programa Euroclima+, que coordinamos en Argentina. Luego, llegamos a la localidad de Piruaj, del Departamento Copo, donde compartimos con las mujeres del Frente de Mujeres del Salado Norte. En El Aibal, compartimos con la Asociación de Productores de Pellegrini y Alberdi (APPA). En La Candelaria, paraje ubicado al norte del departamento Copo, visitamos a la Asociación La Candelaria. El último lugar, fue la sede de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPSAN) en San José del Boquerón, localidad ubicada en el departamento Copo.

La territorialidad es parte fundamental de nuestro trabajo. La acción, la ejecución y compartir con la comunidad es lo que más disfrutamos. El territorio es un espacio construido de intercambios, en los que gestionamos de diferentes modos y armamos redes. Esa red de relaciones que en pandemia nos llevó horas de comunicación telefónica y computadora, ya era hora de poder ponerla en presencia, en campo.

En todos los años que llevamos trabajando, Santiago del Estero fue el primer lugar donde comenzamos a ejecutar proyectos en 2001, establecimos vínculos fuertes, no solo de trabajo y cooperación, sino de amistad y compromiso. Y si bien el WhatsApp, el Zoom y el cariño nos mantuvieron conectados y trabajando, con todos los desafíos que presenta la virtualidad, necesitábamos vernos cara a cara, compartir la ronda bajo un algarrobo, sentir los pies en la tierra y el clima de nuestro chaco.

Fundación Plurales trabaja en esta zona del Salado Norte, departamentos Copo, Alberdi y Pelegrini, hace más de 20 años. Tenemos una trayectoria que casi surge al mismo tiempo que nuestra fundación. Es uno de los primeros lugares donde empezamos a sentir y vivir el territorio, conocer la realidad de estas tierras, de las que nos sentimos parte, conectar con la gente y aprender con las organizaciones campesinas. Nuestra propia organización se fue constituyendo en base a las necesidades y demandas que fueron surgiendo de este territorio, por ejemplo el acceso al agua, el trabajo, la tierra, y el trabajo con las mujeres que son nuestra prioridad.

«Los extrañamos», «Tanto tiempo» se repite en todos los lugares que visitamos. El reencuentro es cálido pese al distanciamiento social y los protocolos de cuidados. Nos esperan con comida y queremos contarnos todo lo que sucedió en este tiempo que la pandemia no nos dejó vernos cara a cara.

Si bien tenemos un vínculo por los medios digitales que actualmente nos permiten estar conectades, no es lo mismo. Compartir el cotidiano en campo por unos días, nos dio energía para seguir de otro modo. Porque la conversa cuerpo presente, pisando la misma tierra bajo nuestros pies, nos encuentra. Nos volvemos a sentir más cerca, para seguir con cada una de las luchas diarias.

Aprendemos de las luchas campesinas que resisten a los avances del agronegocio, la lógica del capital y la aceleración capitalista que rompe con todo los ciclos y tiempos que la naturaleza necesita para seguir produciendo la vida en el territorio. El movimiento campesino en Santiago del Estero es uno de los más grandes de todo el país, que lleva más tiempo, es ejemplo y esperanza para muchos otros territorios. Es para nosotres un placer trabajar con elles.

Nos recibió el calor intenso típico de Santiago y nos despidió la lluvia, esa que aunque sea poca, en muchos casos anega los caminos de tierra para llegar a las comunidades con las que venimos trabajando. Todos los días la agenda quedaba a disposición del clima, sabíamos que si llovía mucho no íbamos a poder visitar algunos lugares, lo que sucede en territorios desmontados por el agronegocio y el avance inmobiliario, el suelo no absorbe, no filtra la lluvia, y el agua que debería ser una bendición en esos lugares secos, es mala noticia. Tuvimos suerte, y la lluvia nos permitió llegar a todos lados.

Aunque los caminos mejoran, colocan asfalto o ripio, se suman otras problemáticas como este avance de la frontera agropecuaria que además de provocar inundaciones, hace que las napas no se recarguen de agua y aquellas comunidades donde el acceso al agua para consumo depende de algunos pozos, se ve afectado porque no filtra en la tierra, se escurre y los pozos no se cargan.

El abrazo apretado y el mate compartido se harán esperar un tiempo más, pero mirarnos a los ojos lejos de las pantallas nos inyectó vida para seguir haciendo esto que amamos. Nos fuimos sabiendo que los años de trabajo y los hilos que tejemos siguen ahí, intactos. «Esperamos que vuelvan pronto, que esto pase rápido», dijimos elles y nosotres una y otra vez.

Declaración de Derechos Campesinos: herramienta para fortalecer los derechos de las comunidades rurales

/0 Comentarios/en , , /por

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre este documento producto de un gran trabajo de incidencia impulsado desde la sociedad civil, principalmente la Vía Campesina Internacional que en septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó.

Este informe es parte de una serie que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en breve en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo busca poner en valor este tipo de incidencia pública de alto nivel, así como resaltar los horizontes de posibilidades que abre la Declaración en la exigibilidad de derechos a nivel local para les campesines.

Neoliberalismo y sus consecuencias

A finales de la década de los 90′, pleno auge del neoliberalismo, el capital financiero profundizó su acercamiento al campo provocando procesos de mercantilización (proceso de transformación de bienes y servicios en mercancías comercializables con fines de lucro. El valor de cambio de los objetos prevalece sobre su valor de uso) y financiarización (ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento de una determinada actividad, en este caso la agricultura) de la agricultura. Estos procesos vinieron de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. “El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad”.

De la mano de esta ideología y con la complicidad de los Estados, en el campo se vivió un proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas. Con el afán de conseguir más terrenos para la producción, las empresas avanzaron sobre las selvas y bosques nativos, así como también sobre territorios que poseían comunidades campesinas e indígenas ancestralmente. Así, esta etapa tuvo consecuencias nefastas para el campesinado: los desalojos forzosos con los despojos que conllevan; la destrucción de mercados locales; la precarización laboral y en muchos casos trabajo esclavo en las fincas de los grandes productores; la contaminación con agrotóxicos que no sólo destruye la naturaleza sino que enferma a las poblaciones; el aumento de la criminalización, violencia y persecución de les campesines; el aumento de las migraciones forzadas; entre otros.

En el plano agrario, la ideología neoliberal trajo aparejada también la teoría del “Fin del Campesinado”. Según esta teoría, con el desarrollo del capitalismo primaría el trabajo asalariado, reemplazando por ende al trabajo familiar. Concretamente, sugiere que las familias campesinas desaparecerían, dejando en manos del agronegocio la capacidad de “alimentar a la humanidad”. Nada más alejado de la realidad: les campesines se organizaron en grupos y movimientos de lucha y resistencia.

Vía Campesina: organización impulsora de la Declaración

Es en este contexto que se produce la conformación de La Vía Campesina: movimiento que reúne a millones de campesines, pequeñes y medianes agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Dentro de los objetivos de la organización se destaca la lucha por la tierra, en contra de las políticas que abren las puertas a las corporaciones en detrimento de las comunidades.

Frente a la crisis climática y alimentaria a nivel global, la Vía Campesina logró – a través de la articulación con otras organizaciones, el debate y elaboración de propuestas y proyectos – desmentir la teoría del fin del campesinado. “No solo que no era el fin, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra”.

De esta manera y en un contexto de vulnerabilidad, discriminación y despojo de les campesines del mundo, además del constante hostigamiento respecto a los modos de producción, el acceso a la tierra y a las semillas y la comercialización de sus productos, se comenzó a delinear una estrategia de incidencia internacional para elaborar una “Declaración de los Derechos Campesinos”, cuya redacción fue impulsada por Vía Campesina en alianza con otras organizaciones como FoodFirst Information and Action Network (FIAN) y el Centre Europe – Tiers Monde (CETIM).

Vía Campesina comenzó a escribir un proyecto de Declaración en abril del 2002, en la “Conferencia Regional sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos” teniendo en cuenta los procesos desarrollados en diversas actividades previas. En este proyecto se denunciaba la constante violación de los derechos de les campesines y cómo esto se ve agudizado con las políticas neoliberales, llevando a la necesidad de un convenio internacional para el cumplimiento y respeto de sus derechos.

En el año 2008, junto con FIAN y CETIM, presentaron ante la ONU el proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos”. Y recién en el 2012, se llegó al Consejo de Derechos Humanos donde se presentó el Proyecto de “Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

En el 2014, una nueva resolución del Consejo ratificó la necesidad de una declaración presentando un nuevo proyecto que confirmó derechos ya proclamados en otras declaraciones, pero puso en el foco otros: el derecho a la tierra, a las semillas, al acceso a los mercados y precios justos, al agua de consumo y producción, al uso y gestión de los bienes naturales y a no ser afectados por agrotóxicos y transgénicos.

Finalmente, en septiembre de 2018, en la ciudad de Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó la resolución relativa a la Declaración sobre los Derechos campesinos y otras personas que trabajan en zona rural. Asimismo, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York adoptó formalmente dicha declaración, convirtiéndose, por lo tanto, en un instrumento legal internacional.

Declaración de Derechos Campesinos: ¿qué es?

La Declaración de los Derechos de campesines y otras personas que trabajan en zona rural es una herramienta para que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, reclamar políticas públicas que respeten y fomenten su agricultura y forma de producción, que promuevan la soberanía alimentaria y todo aquello que mejore los medios para habitar el territorio, posibilitando la elección de permanencia en él y evitando que deban migrar por la falta de condiciones mínimas que aseguren una vida digna (el llamado “éxodo a las grandes ciudades”).

Esta declaración envía un fuerte mensaje para que se reconozca el rol fundamental de les campesines, abriendo perspectivas de futuro para que se respeten condiciones de vida y de trabajo decentes. El mundo necesita esta herramienta para promover la implementación de sistemas alimentarios sostenibles en el mundo.

En primer lugar, reconoce como campesines a quien se dedique o pretenda dedicarse de forma individual, asociada o comunitaria a la producción agrícola. Seguidamente, consagra los siguientes derechos:

-El derecho a la tierra que se define como el acceso, el uso y la gestión de la tierra, elementos necesarios para respetar el derecho a un nivel de vida decente, a la salud, a participar en la vida cultural, al acceso a la justicia, al agua potable y saludable, limpia y al saneamiento de la misma, así como el derecho a estar protegido contra desalojos forzados, contra la contaminación, entre otros. Estas nociones implican libertades y derechos que resultan fundamentales para el respeto de los derechos de las poblaciones rurales.

-El derecho a las semillas y a la biodiversidad, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas. Al desarrollar sus propias semillas, les agricultores construyen sistemas agrarios más resilientes y más sostenibles, capaces de alimentar la población a pesar del cambio climático.

-Se reconocen los derechos colectivos, expresado como el derecho a fundar organizaciones, ser reconocidos jurídicamente, opinar libremente y a buscar, recibir y difundir información vinculada a los procesos de producción, elaboración y comercialización de los productos. Esto se refiere a la manera en la cual se organizan las poblaciones rurales, particularmente lo relativo al acceso y gestión de sus recursos (ya que la mayoría de ellas son socialmente definidas y se organizan de manera colectiva).

Mujeres Campesinas

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), las mujeres representan el 50% de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en desarrollo. Pese a esto, las mujeres rurales enfrentan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios.

Por esto, la igualdad de género es una de las políticas centrales a la hora de trabajar en el ámbito rural, y sobre esto, la Declaración también aporta herramientas concretas. Específicamente, la Declaración cuenta con dos artículos que empoderan el rol de las Mujeres Campesinas.

Uno de ellos es el artículo N°4, que declara la responsabilidad de los Estados de implementar las medidas que crea pertinentes para “eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales y para promover su empoderamiento a fin de garantizar, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que disfrutan plena y equitativamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y que pueden perseguir, participar y beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, político y cultural”.

“La inclusión de dos artículos específico de reivindicación de los derechos humanos para las mujeres dentro de la declaración, se convierte en un avance muy significativo para miles de nosotras que militamos dentro de las organizaciones y en el medio rural, pues, es una forma de reconocer, pero, también regular escenarios excluyentes, discriminatorios que desde la cultura e ideología patriarcal desarrolla una identidad de apropiación de los cuerpos, del trabajo y de la vida de las mujeres y de los bienes naturales” expresan Iridiani Seiber y Yolanda Areas, quienes conforman el Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) de Brasil y la Asociación de Trabajadores de Campo (ATC) de Nicaragua, respectivamente.

La Declaración: voz de alerta y horizonte de acción

Respecto a la Declaración, Diego Montón, referente del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento Campesino Indígena de Argentina e integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina concluye que “es un compendio de propuestas, horizontes y políticas públicas agrarias que deberán irse materializando en cada una de las naciones. El preámbulo reconoce el papel fundamental de la soberanía alimentaria para el desarrollo de la humanidad y reconoce la importancia de la reforma agraria como una instancia a la cual los Estados deben apelar para garantizar la soberanía. Con datos muy concretos reconoce las injusticias y desigualdades a las que se ve sometida la agricultura campesina, así como derechos fundamentales (…) que a partir de ahora marcan una pauta hacia dónde deben ir las legislaciones de todos aquellos Estados que se consideren progresistas o respetuosos de los derechos humanos. Por eso plantea cuáles son las obligaciones para que se garanticen esos derechos (…) Si bien por ahora no es vinculante, nos brinda todo un marco para los conflictos que tenemos por tierras, por semillas y para pelear por los precios justos de nuestros alimentos. En el norte del país, en Salta y Jujuy, tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.

Cabe destacar que de todos los procesos de debate que implicó la Declaración, se logra el reconocimiento y reivindicación de la importancia y el rol fundamental que ocupa la agricultura campesina: alimenta al 85 por ciento de la población mundial, con tan sólo un cuarto de las tierras agrícolas. Es por ello que comienzan a considerar que fomentarla es la mejor estrategia en la lucha contra el hambre, que es uno de los principales objetivos de Naciones Unidas. “Este proceso reconoce y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad, tanto por la producción de alimentos como en la mitigación del cambio climático”.

Este es un buen resumen que pone en foco dos puntos importantes. En una primera instancia, la declaración ubica en el más alto nivel de debate internacional tanto el rol como la importancia de la agricultura campesina, reconociendo a su vez las situaciones de discriminación, marginación y vulneración de derechos a las cuales están sometides campesines de todo el mundo.

Sumado a este reconocimiento legítimo, se convierte en una herramienta muy importante de incidencia política, ya que sirve de base para reclamos y luchas de los distintos grupos a nivel local, en la búsqueda de reformas legales que les sean favorables. Es decir, permite plantear una serie de derechos y obligaciones de los estados en relación a esta actividad, dando lugar a que se problematicen las situaciones de injusticia como los desalojos de tierras, la privatización de las semillas; la falta de cobertura social, de acceso a la justicia, al mercado y a precios justos para tener ingresos adecuados y una vida digna, entre otros. “La declaración viene a poner una voz de alerta, pero también un horizonte sobre qué tienen que hacer los Estados ante estos escenarios”.

Es interesante destacar que la lucha del campesinado va más allá de la tierra y la producción agraria; es la lucha por sus territorios, por la preservación de sus culturas y modos de vida. Es movilizarse para construir sociedades más inclusivas y democráticas.

Si bien es reciente la resolución de la Declaración, podemos afirmar que para las organizaciones campesinas significa una victoria en el reconocimiento de sus derechos, luchas y su rol como actores clave del sistema alimentario mundial. En palabras de Diego Montón, “tenemos litigios legales en donde esta resolución viene a darnos argumentos para las organizaciones, las familias que quieren ser desalojadas y las personas que defienden su trabajo en el campo”.

Mujeres rurales del Gran Chaco

/0 Comentarios/en /por

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre el contexto general de las mujeres rurales en la eco-región del Gran Chaco Americano.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, da cuenta de la importancia de abordar el análisis en términos regionales y los principales problemas que afectan a las mujeres en términos de recursos naturales, principalmente acceso al agua y tierra.

La Región y el actual modelo de Desarrollo

El Chaco Americano es una región que abarca territorio de Argentina, Bolivia y Paraguay. El Chaco argentino supone 600.000 km2, e involucra a 10 provincias, total o parcialmente. En Bolivia, el ecosistema chaqueño cubre un área de 127.755 km2, en lo político y administrativo se extiende en tres departamentos: Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, comprende a su vez 5 provincias y 16 municipios. En Paraguay, posee una extensión de 246.925 km2, comprendiendo a su vez a 3 departamentos.

Mapa extraído del Atlas de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano Instituto Desarrollo. Instituto Desarrollo – Regatta. 2014

El actual modelo de desarrollo aplicado en estos 3 países, privilegia la industria extractivista, la expansión agropecuaria y el desarrollo de la minería sin tomar en cuenta los efectos negativos que trae aparejado sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas e indígenas. Dicho modelo trae serias dificultades a estas comunidades para vivir y desarrollar sus actividades productivas, intensificando las dificultades en el acceso a bienes comunes como el agua y la tierra. La tala indiscriminada, la falta de agua y/o contaminación de las mismas, los desalojos de las tierras que poseen ancestralmente, son solo algunas de las principales problemáticas que enfrentan estas comunidades día a día.

La región cuenta con una extraordinaria riqueza: grandes reservas de agua, energía y extensas tierras, esto lleva a una disputa constante entre los intereses del modelo económico extractivista y la lucha de los pueblos por el uso consciente y respetuoso de los bienes naturales, la protección y conservación para la reproducción y el sostenimiento de la vida.

Además, en muchos casos, el uso indiscriminado de los recursos de la región es avalado por políticas de gobierno que favorecen la explotación extractivista, el avance del mercado inmobiliario y la acumulación de capital. Modelos de gobierno que avasallan los territorios indígenas, desconociendo a los habitantes ancestrales y sus derechos; desplazan y oprimen a les pequeñes productores campesines e indígenas, a través de la imposición de políticas agropecuarias que priorizan el agro-negocio, el uso de transgénicos y agroquímicos, poniendo en riesgo la preservación de las semillas nativas y de las formas tradicionales de producción.

Claro ejemplo de esto, es la ley minera de Bolivia que desde el año 2014: además de aumentar el territorio de extracción, autoriza el avance sobre zonas de bosques y Amazonía que previamente estaban resguardadas. Autoriza también a las empresas a usar colindante a las explotaciones, incluyendo, por ejemplo, el uso de los recursos hídricos cercanos.

Mujeres campesinas e indígenas en el Chaco

Esta situación afecta de forma directa la vida diaria de las comunidades campesinas e indígenas y a los sectores sociales más vulnerados, especialmente mujeres y niñes. Las mujeres campesinas e indígenas sufren de manera directa las consecuencias de este uso desmedido de los bienes naturales, los cuales ponen en riesgo la calidad del agua, del aire y de los suelos, de donde las comunidades extraen los elementos para subsistir.

En la región, son muchas las comunidades que no cuentan con acceso al agua. En algunos casos, es producto de la falta del recurso hídrico por la propia inequidad en la distribución en la región, aumento de las sequías y altas temperaturas que acentúan la evaporación del agua, lo que conduce a la imposibilidad de recargar las napas subterráneas.

En otros casos, existen fuentes a disposición, pero están contaminadas (ya sea por arsénico, flúor, y/u otras sales) que imposibilitan su uso para el consumo humano, y muchas veces hasta para el uso en animales y de riego, por las altas concentraciones de minerales. Estos son hechos naturales, acentuados por las variaciones climáticas.

Pero cabe destacar que también, la problemática de acceso al agua se asocia a las industrias extractivas (como la minería, hidrocarburos, agroindustria, y otras) que contaminan las fuentes de agua volviéndolas inutilizables, o se apropian del recurso hídrico en desmedro de las comunidades.

El no contar con el acceso al recurso en estas comunidades, implica que miembros de la comunidad deban caminar varias horas al día para conseguir agua proveniente de fuentes no seguras o ya contaminadas, para luego utilizar para consumo familiar. Esta tarea recae en manos de las mujeres de la comunidad quienes dedican hasta 6 horas diarias al acarreo de agua.

La otra gran urgencia para las comunidades, es la de frenar diferentes procesos extractivos y degradantes de su hábitat y de sus recursos de subsistencia. Reivindican la preservación de los bienes naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar sus estrategias de supervivencia.

En relación a la problemática de la tierra, estas comunidades son altamente vulnerables por dos motivos principales. El primero es que los territorios de la región del chaco han sido históricamente relegados por los gobiernos nacionales. En general, sus tierras no eran consideradas de buena calidad agroproductiva, lo que les restaba valor. Con la expansión de la frontera agropecuaria, producto de los transgénicos y agrotóxicos, estas tierras se volvieron de gran valor para el mercado y aumentan los conflictos locales en relación al uso y distribución del recurso.

A esta situación se le suma un segundo componente: la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región no tienen titularidad de las tierras. Son poseedores, habitantes de más de cinco generaciones de las tierras en las cuales se asientan, pero no tienen títulos de propiedad y no cuentan con recursos para poder sanear su situación legal.

Ambas situaciones, sumadas a otras que complejizan el entramado, ponen a la orden del día los conflictos por desalojos y enfrentamientos por la posesión de la tierra.

Para ejemplificar: en Argentina, a partir del relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se pueden observar 857 casos de problemas de tierra, que afectan a unas 63.843 familias y representan 9.293.234 hectáreas. En relación a la situación jurídica de estas familias, el 87,4% es poseedor de las tierras y no cuenta con titularidad.

La vulnerabilidad de las mujeres frente a este contexto es mayor por múltiples factores, el más preocupante es que en muchos casos los hombres de las comunidades (sus maridos, hijos, padres) trabajan para las industrias extractivas que se instalan en los territorios y, por miedo a perder su fuente de trabajo, no asumen la lucha por la defensa del territorio, siendo las mujeres quienes enfrentan esta carga. Esta es una estrategia utilizada en toda la zona para lograr control social, basada en la supuesta generación de oportunidades para las familias locales ante la instalación de empresas extractivas.

Para enfrentar estas problemáticas, estas comunidades -y en especial las mujeres- se encuentran en una posición desigual en cuanto a posibilidades de acceso a la Justicia. Entre las trabas que encuentran podemos destacar la falta de recursos para solventar los honorarios de abogados que tomen sus casos, tribunales y secretarías alejadas de sus asentamientos, discriminación y posiciones machistas frente a sus reclamos, entre otras. Como parte de sus estrategias han tenido que vincularse con actores estatales responsables de estas temáticas, como también con el poder legislativo para promover leyes que protejan los recursos naturales, propiciando la participación activa de las comunidades.

Estas defensoras ambientales sufren a diario amenazas e intimidaciones directamente ligadas a su trabajo para garantizar el acceso y gobernanza de bienes naturales, principalmente en relación a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el aprovisionamiento de agua y el acceso a la tierra.

Conscientes de los obstáculos que deben enfrentar para acceder a sus derechos -y por ende garantizar su subsistencia- y participando en la toma de decisiones conducentes a un desarrollo sustentable, las mujeres manifiestan y actualizan su compromiso de consolidar alianzas que conduzcan a su empoderamiento articulando sus propios saberes, identidades, intereses y necesidades, aumentando su visibilidad y capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región.

VER OTROS INFORMES

Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

/0 Comentarios/en /por

Agustina Calcagno, de Fundación Plurales, realizó para la Plataforma de Defensoras Ambientales un informe que describe cómo la presencia de actividades extractivas mineras en la puna jujeña, Argentina, viene afectando esos territorios y empujó a grupos de mujeres a organizarse y luchar por sus derechos ancestrales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition, y están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en la web de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, presenta las resistencias en defensa del ambiente y el derecho a la consulta previa, libre e informada que comunidades campesinas e indígenas de Cangrejillos y Abralaite, Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar, vienen llevando adelante.

Contexto de la Puna

La región de la Puna se encuentra en Jujuy, provincia Argentina reconocida desde 1974 como la capital nacional de la minería. Tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, cubriendo el 55% del territorio provincial. Comprende los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada Cochinoca y Susques.

Si bien es una de las zonas menos pobladas de la provincia (solo el 6,3% de la población de un total de 673.307 habitantes), junto con la región de la Quebrada, alberga la mayor cantidad de pueblos indígenas. De los 12 grupos étnicos identificados en la provincia, en la puna se registran 94 comunidades Kolla, 21 comunidades Quechua, 10 comunidades Atacama, 1 comunidad Chicha y 1 comunidad Toara. Habitan la región desde tiempos anteriores a la colonización española y tienen una relación con los elementos del ambiente, humanos y no humanos, que se rige por normas ancestrales de convivencia y respeto mutuo.

Desde hace décadas, estas formas ancestrales vienen siendo amenazada y vulnerada, debido a la presencia e instalación de diversas industrias extractivas mineras en la zona. La puna, por ser un área geológica joven, concentra yacimientos minerales de diferentes variedades como el plomo, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el oro y el litio.

Formalmente, las actividades mineras en la región se iniciaron a finales del XIX, instalándose década tras década nuevas compañías en la zona hasta llegar a su pico en el año 1974. A partir de entonces, varias compañías fueron cerrando dejando importantes pasivos ambientales en la zona, mientras que otras actualmente han declarado su cierre inminente como es el caso de la minera El Aguilar quién tiene planeado cesar actividades en el 2021. Asimismo, debido al boom minero de los últimos 10 años, el Estado provincial a través de la publicación de informes ambientales, aprobó la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que allí residen. Dando lugar así a una serie de conflictos entre las comunidades, las compañías mineras y el Estado, no solo por el derecho a la consulta previa sino por la defensa ambiental de sus territorios frente a los “pasivos ambientales” y la contaminación de sus territorios.

Yavi y Cochinoca y el rol de las mujeres de la “Red Chacha Warmi”

Desde hace más de 10 años las comunidades indígenas de Cangrejillos, Abralaite, Ciénego Grande, Cabrerí, Santa Ana y Santa Clara vienen realizando denuncias judiciales y reclamos sociales por la implementación efectiva del “derecho a la consulta previa” y a la participación en los procedimientos mineros en sus territorios.

Estás comunidades se encuentran entre los departamentos de Yavi y Cochinoca, en lo que se conoce como el distrito minero de Pumahuasi, que actualmente es parte la Reserva Minera de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Esta zona, además de ser rica en minerales, es un valle apto para cultivos y para actividades de ganadería y pastoreo gracias a las diferentes fuentes de agua que la alimentan: por una lado, los ríos Grande, Abralaite, Santa Ana, Agua de Castilla que nacen en la serranía y por otro, los glaciares y la zona periglaciar.

La comunidades allí, no solo están sufriendo la presencia de “pasivos mineros” de las viejas minas instaladas en Pumahuasi que nunca han tenido remediación a pesar de las leyes vigentes. Sino que también, sus medios de vida (agricultura de subsistencia o la ganadería y pastoreo) se encuentran amenazados por la instalación de pedimentos de exploración minera, tanto en sus territorios como en las nacientes de los ríos, glaciares y periglaciares que alimentan la zona. Estos pedimentos de exploración minera generan sequías y contaminan las aguas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para las comunidades.

Frente a este contexto, decidieron organizarse para reclamar por sus derechos. Primero fueron las comunidades del dpto. de Yavi y luego se fueron sumando otras de la puna ubicadas cerca de la ruta 40 y linderas a la Laguna de Guayatayoc y a la serranía de El Moreau.

A través de la realización de asambleas, sus estrategias de lucha consisten en la presentación de amparos judiciales a los permisos de explotación, como también la elaboración de informes y evaluaciones ambientales tendientes a contraponer los informes presentados por las autoridades estatales y los privados interesados en la explotación minera. También, desde el 2014 luchan por que se respete e implemente la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Si bien hasta ahora, gracias a la lucha conjunta han logrado que la provincia dicte el decreto 5772/10 que prevé la “consulta previa” a los pueblos indígenas y establece los principios de protección ambiental para las actividades mineras, esto sigue sin cumplirse.

Resulta importante destacar el rol de las mujeres de las comunidades en esta lucha. En busca de tener una mayor y mejor representatividad en las asambleas y en la toma de decisiones, las mujeres de las comunidades mencionadas han conformado la Red Chacha Warmi por “la defensa ambiental del territorio para la vida de los seres que allí habitamos, en armonía con los tres reinos, mineral, vegetal, animal”.

Las mujeres coordinan acciones legales, educativas y productivas para la defensa ambiental y la incidencia en políticas públicas ambientales en la provincia de Jujuy. En la actualidad, con la ayuda de profesionales se encuentran desarrollando una evaluación ambiental tendientes a contraponer los estudios realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy con el gobierno de esa provincia, sobre el relevamiento de agua en la puna y el impacto de las actividades mineras en la zona.

Las mujeres de la Red destacan que es clave la realización de estas evaluaciones pues la situación es muy preocupante, “los pasivos siguen contaminando porque hay muchas corridas de agua que los hacen llegar a la zona de pastura, a la zona de deporte de los chicos y en zona de siembra (potreros)”.

Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar

Desde el 2016 las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo se han organizado para frenar y reducir los impactos de las actividades extractivas de la compañía minera El Aguilar. La mina que inició la extracción de plomo, plata, zinc y sus derivados en 1936 , el pasado Noviembre de 2020 anunció el cierre alegando que las capacidades de producción se han reducido y por tanto no generan los recursos económicos planificados.

Desde su instalación, la mina ha generado diversas consecuencias. Entre ellas, la movilización temporal o permanentemente de importantes contingentes poblacionales a la zona, la modificación del ambiente y del paisaje natural por el trazado de caminos, la introducción de diques de desechos tóxicos y basurales, la muerte de animales, daño de la flora autóctona y la aparición de casos de cáncer de distintos tipos y enfermedades respiratorias en las comunidades. Asimismo, la introducción de migrantes con experiencia minera promovió la transformación de las prácticas y creencias de los pueblos agro-pastoriles de estos territorios.

Como si las consecuencias mencionadas no fuesen ya alarmantes, el cierre pone a las comunidades frente a enormes desafíos. Entre ellos se pueden destacar: reconvertir las fuerzas y oportunidades laborales de la zona, resolver los problemas habitacionales (pues los trabajadores son obligados a abandonar las viviendas que la minera proporcionaba), y garantizar la continuidad del Hospital Aguilar (construido por la minera quien anunció que sostendrá su funcionamiento hasta fines de 2021).

Estrategias de resistencia

Lo que observamos en estas organizaciones, son las numerosas estrategias de defensa que las mujeres han venido realizado.

  1. Gestiones con la minera para participar de los muestreos ambientales que la compañía generaba como el análisis del aire, agua, suelo, flora y fauna.
  2. Visitas al predio minero tanto para identificar y evaluar zonas afectadas por la contaminación, zonas aledañas a la mina, los diques de cola, revisión de basureros y cavas de escorias y pedido de limpieza de la zona de chatarras. Como también para realizar observaciones al relevamiento de flora y fauna.
  3. Asistencia a muestreos participativos de agua y suelo que realiza la empresa minera.
  4. Participación en las presentaciones de estudios de exploraciones y de impacto ambiental que presentaba la compañía.
  5. Gestiones con la Secretaría de Minería de la provincia para el pedido de asesoramiento profesional para evaluar los informes de impacto ambiental presentados por la minera dado que no se constataban en terreno las mejoras declaradas en dichos informes.
  6. Solicitar y exigir a la empresa la reparación correspondiente por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames.
  7. Monitoreo, registro y sistematización sobre todas las acciones que realizaba la minera.

Todo esto les permitió, tanto a las mujeres como a sus comunidades, dilucidar por un lado, cómo la compañía “contrataba consultoras externas que realizaban los estudios de flora y fauna, arqueológicos, de manera general que no tenían consulta, previa libre e informada en las comunidades locales, afectadas por la contaminación”. Por otro lado, los impactos generados en territorio y la población: “Las irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y como se han empezado a secar espacios de humedales”.

Además, las mujeres realizan acciones para promover la participación y el activismo de otros miembros de sus comunidades. Por ejemplo, impulsan acciones educativas como capacitación en las escuelas sobre separación de residuos. Diseñaron e implementaron proyectos de agua para riego y construcción de invernaderos. También, promueven el fortalecimiento y capacitación de líderes comunitarios en temáticas afines al cuidado del ambiente natural, con el propósito de contar con recursos humanos y técnicos ambientalistas en la zona.

Si bien el anuncio de cierre de la mina representa un gran alivio para las mujeres y sus comunidades, abriendo la ventana a oportunidad para reconstruir el ecosistema ambiental, social y ancestral de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo. También, significa un gran desafío en términos de rearmado productivo y económico de la zona. Dado el carácter inminente de la noticia, resulta necesario seguir de cerca este caso. Tanto para registrar que la empresa cumpla con los compromisos asumidos sobre remediación de los pasivos ambientales, como para observar cómo las comunidades irán sorteando los desafíos mencionados y haciendo cumplir sus derechos.

VER OTROS INFORMES

Mujeres rurales del Gran Chaco Americano