Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Agustina Calcagno, de Fundación Plurales, realizó para la Plataforma de Defensoras Ambientales un informe que describe cómo la presencia de actividades extractivas mineras en la puna jujeña, Argentina, viene afectando esos territorios y empujó a grupos de mujeres a organizarse y luchar por sus derechos ancestrales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition, y están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en la web de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, presenta las resistencias en defensa del ambiente y el derecho a la consulta previa, libre e informada que comunidades campesinas e indígenas de Cangrejillos y Abralaite, Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar, vienen llevando adelante.

Contexto de la Puna

La región de la Puna se encuentra en Jujuy, provincia Argentina reconocida desde 1974 como la capital nacional de la minería. Tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, cubriendo el 55% del territorio provincial. Comprende los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada Cochinoca y Susques.

Si bien es una de las zonas menos pobladas de la provincia (solo el 6,3% de la población de un total de 673.307 habitantes), junto con la región de la Quebrada, alberga la mayor cantidad de pueblos indígenas. De los 12 grupos étnicos identificados en la provincia, en la puna se registran 94 comunidades Kolla, 21 comunidades Quechua, 10 comunidades Atacama, 1 comunidad Chicha y 1 comunidad Toara. Habitan la región desde tiempos anteriores a la colonización española y tienen una relación con los elementos del ambiente, humanos y no humanos, que se rige por normas ancestrales de convivencia y respeto mutuo.

Desde hace décadas, estas formas ancestrales vienen siendo amenazada y vulnerada, debido a la presencia e instalación de diversas industrias extractivas mineras en la zona. La puna, por ser un área geológica joven, concentra yacimientos minerales de diferentes variedades como el plomo, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el oro y el litio.

Formalmente, las actividades mineras en la región se iniciaron a finales del XIX, instalándose década tras década nuevas compañías en la zona hasta llegar a su pico en el año 1974. A partir de entonces, varias compañías fueron cerrando dejando importantes pasivos ambientales en la zona, mientras que otras actualmente han declarado su cierre inminente como es el caso de la minera El Aguilar quién tiene planeado cesar actividades en el 2021. Asimismo, debido al boom minero de los últimos 10 años, el Estado provincial a través de la publicación de informes ambientales, aprobó la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que allí residen. Dando lugar así a una serie de conflictos entre las comunidades, las compañías mineras y el Estado, no solo por el derecho a la consulta previa sino por la defensa ambiental de sus territorios frente a los “pasivos ambientales” y la contaminación de sus territorios.

Yavi y Cochinoca y el rol de las mujeres de la “Red Chacha Warmi”

Desde hace más de 10 años las comunidades indígenas de Cangrejillos, Abralaite, Ciénego Grande, Cabrerí, Santa Ana y Santa Clara vienen realizando denuncias judiciales y reclamos sociales por la implementación efectiva del “derecho a la consulta previa” y a la participación en los procedimientos mineros en sus territorios.

Estás comunidades se encuentran entre los departamentos de Yavi y Cochinoca, en lo que se conoce como el distrito minero de Pumahuasi, que actualmente es parte la Reserva Minera de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Esta zona, además de ser rica en minerales, es un valle apto para cultivos y para actividades de ganadería y pastoreo gracias a las diferentes fuentes de agua que la alimentan: por una lado, los ríos Grande, Abralaite, Santa Ana, Agua de Castilla que nacen en la serranía y por otro, los glaciares y la zona periglaciar.

La comunidades allí, no solo están sufriendo la presencia de “pasivos mineros” de las viejas minas instaladas en Pumahuasi que nunca han tenido remediación a pesar de las leyes vigentes. Sino que también, sus medios de vida (agricultura de subsistencia o la ganadería y pastoreo) se encuentran amenazados por la instalación de pedimentos de exploración minera, tanto en sus territorios como en las nacientes de los ríos, glaciares y periglaciares que alimentan la zona. Estos pedimentos de exploración minera generan sequías y contaminan las aguas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para las comunidades.

Frente a este contexto, decidieron organizarse para reclamar por sus derechos. Primero fueron las comunidades del dpto. de Yavi y luego se fueron sumando otras de la puna ubicadas cerca de la ruta 40 y linderas a la Laguna de Guayatayoc y a la serranía de El Moreau.

A través de la realización de asambleas, sus estrategias de lucha consisten en la presentación de amparos judiciales a los permisos de explotación, como también la elaboración de informes y evaluaciones ambientales tendientes a contraponer los informes presentados por las autoridades estatales y los privados interesados en la explotación minera. También, desde el 2014 luchan por que se respete e implemente la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Si bien hasta ahora, gracias a la lucha conjunta han logrado que la provincia dicte el decreto 5772/10 que prevé la “consulta previa” a los pueblos indígenas y establece los principios de protección ambiental para las actividades mineras, esto sigue sin cumplirse.

Resulta importante destacar el rol de las mujeres de las comunidades en esta lucha. En busca de tener una mayor y mejor representatividad en las asambleas y en la toma de decisiones, las mujeres de las comunidades mencionadas han conformado la Red Chacha Warmi por “la defensa ambiental del territorio para la vida de los seres que allí habitamos, en armonía con los tres reinos, mineral, vegetal, animal”.

Las mujeres coordinan acciones legales, educativas y productivas para la defensa ambiental y la incidencia en políticas públicas ambientales en la provincia de Jujuy. En la actualidad, con la ayuda de profesionales se encuentran desarrollando una evaluación ambiental tendientes a contraponer los estudios realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy con el gobierno de esa provincia, sobre el relevamiento de agua en la puna y el impacto de las actividades mineras en la zona.

Las mujeres de la Red destacan que es clave la realización de estas evaluaciones pues la situación es muy preocupante, “los pasivos siguen contaminando porque hay muchas corridas de agua que los hacen llegar a la zona de pastura, a la zona de deporte de los chicos y en zona de siembra (potreros)”.

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Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar

Desde el 2016 las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo se han organizado para frenar y reducir los impactos de las actividades extractivas de la compañía minera El Aguilar. La mina que inició la extracción de plomo, plata, zinc y sus derivados en 1936 , el pasado Noviembre de 2020 anunció el cierre alegando que las capacidades de producción se han reducido y por tanto no generan los recursos económicos planificados.

Desde su instalación, la mina ha generado diversas consecuencias. Entre ellas, la movilización temporal o permanentemente de importantes contingentes poblacionales a la zona, la modificación del ambiente y del paisaje natural por el trazado de caminos, la introducción de diques de desechos tóxicos y basurales, la muerte de animales, daño de la flora autóctona y la aparición de casos de cáncer de distintos tipos y enfermedades respiratorias en las comunidades. Asimismo, la introducción de migrantes con experiencia minera promovió la transformación de las prácticas y creencias de los pueblos agro-pastoriles de estos territorios.

Como si las consecuencias mencionadas no fuesen ya alarmantes, el cierre pone a las comunidades frente a enormes desafíos. Entre ellos se pueden destacar: reconvertir las fuerzas y oportunidades laborales de la zona, resolver los problemas habitacionales (pues los trabajadores son obligados a abandonar las viviendas que la minera proporcionaba), y garantizar la continuidad del Hospital Aguilar (construido por la minera quien anunció que sostendrá su funcionamiento hasta fines de 2021).

Estrategias de resistencia

Lo que observamos en estas organizaciones, son las numerosas estrategias de defensa que las mujeres han venido realizado.

1. Gestiones con la minera para participar de los muestreos ambientales que la compañía generaba como el análisis del aire, agua, suelo, flora y fauna.
2. Visitas al predio minero tanto para identificar y evaluar zonas afectadas por la contaminación, zonas aledañas a la mina, los diques de cola, revisión de basureros y cavas de escorias y pedido de limpieza de la zona de chatarras. Como también para realizar observaciones al relevamiento de flora y fauna.
3. Asistencia a muestreos participativos de agua y suelo que realiza la empresa minera.
4. Participación en las presentaciones de estudios de exploraciones y de impacto ambiental que presentaba la compañía.
5. Gestiones con la Secretaría de Minería de la provincia para el pedido de asesoramiento profesional para evaluar los informes de impacto ambiental presentados por la minera dado que no se constataban en terreno las mejoras declaradas en dichos informes.
6. Solicitar y exigir a la empresa la reparación correspondiente por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames.
7. Monitoreo, registro y sistematización sobre todas las acciones que realizaba la minera.

Todo esto les permitió, tanto a las mujeres como a sus comunidades, dilucidar por un lado, cómo la compañía “contrataba consultoras externas que realizaban los estudios de flora y fauna, arqueológicos, de manera general que no tenían consulta, previa libre e informada en las comunidades locales, afectadas por la contaminación”. Por otro lado, los impactos generados en territorio y la población: “Las irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y como se han empezado a secar espacios de humedales”.

Además, las mujeres realizan acciones para promover la participación y el activismo de otros miembros de sus comunidades. Por ejemplo, impulsan acciones educativas como capacitación en las escuelas sobre separación de residuos. Diseñaron e implementaron proyectos de agua para riego y construcción de invernaderos. También, promueven el fortalecimiento y capacitación de líderes comunitarios en temáticas afines al cuidado del ambiente natural, con el propósito de contar con recursos humanos y técnicos ambientalistas en la zona.

Si bien el anuncio de cierre de la mina representa un gran alivio para las mujeres y sus comunidades, abriendo la ventana a oportunidad para reconstruir el ecosistema ambiental, social y ancestral de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo. También, significa un gran desafío en términos de rearmado productivo y económico de la zona. Dado el carácter inminente de la noticia, resulta necesario seguir de cerca este caso. Tanto para registrar que la empresa cumpla con los compromisos asumidos sobre remediación de los pasivos ambientales, como para observar cómo las comunidades irán sorteando los desafíos mencionados y haciendo cumplir sus derechos.

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