Mujeres que luchan por la Tierra en Salta

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre el caso de Lucía Ruiz, procesada varias veces por parar topadoras, y que ha perdido a compañeres por defender su territorio y sus bienes naturales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Lucia Ruiz, integrante de la Mesa provincial de agua de Salta (Argentina), presidenta de la Organización Unión y Progreso de Coronel Juan Solá, Salta y Defensora de Derechos Humanos y Ambientales, fue citada nuevamente, ante el Tribunal de Juicio Sala II de Tartagal denunciada por “robo despoblado y en banda coacción con armas y daños en concurso real en perjuicio de Arturo Bernardo Castellano”. Estas acusaciones falsas son consecuencia de defender el derecho a habitar, trabajar y ser respetada como dueñes de las tierras en las que ancestralmente viven ella y les campesines de la Ruta 81, en el Departamento Rivadavia.

Recordamos que la dirigente campesina denunció y detuvo los desmontes ilegales y los desalojos de la empresa de Javier Vidizzoni en el año 2010. Ella, junto a dirigentes de organizaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte defendieron su derecho reconocido por el Código Civil a la propiedad por la posesión y ánimo de dueño de varias generaciones. Desde ese momento, fue denunciada por empleados de la empresa y comenzó a sufrir amenazas, persecución judicial y hostigamiento. El 27, 28 y 31 de mayo será llevada a juicio oral y público.

Contexto

En las últimas décadas el modelo extractivista se ha profundizado en América Latina, dando lugar a una mayor expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, siendo las mujeres quienes sufren las mayores consecuencias de esta situación, pues deben afrontar de una forma desproporcionada las cargas del sostenimiento familiar. Por este motivo, se presentan numerosos conflictos por la defensa de la tierra y el territorio que tienen como principales protagonistas a las mujeres campesinas e indígenas.

En Argentina cada año se acentúan los conflictos sociales vinculados a: desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megaminería y desmontes. Ante esta situación, los gobiernos – tanto nacional como provinciales – no dan respuesta a las demandas de los perjudicados por estas actividades sino que, al contrario, no sólo incumplen la legislación actual sino que también la han modificado en su detrimento, agudizando aún más la situación descrita.

En su informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, la OXFAM da cuenta que en Argentina, el 1% de la población concentra el 36% de la tierra. Esta situación agudiza los conflictos ya existentes y trae nuevas dificultades a campesinas e indígenas para el acceso a la tierra: les agricultores familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de sus derechos.

Defensoras Ambientales: criminalización y estrategias de resistencia

Morillo se encuentra en uno de los departamentos más pobres de Argentina y posee una altísima criminalización de Mujeres que lideran luchas en relación a conflictos por el acceso a la tierra y los recursos naturales con el Estado y privados. En relación al conflicto mencionado, quienes estuvieron al frente de numerosas luchas fueron los miembros de la organización “Unión y Progreso”, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta y, particularmente, la presidenta de dicha organización: Lucía Ruiz.

Ella, junto a compañeras de distintas organizaciones, frenaron en el año 2012 un desmonte en defensa del ambiente y el derecho a la tierra de varias familias campesinas, parándose frente a las máquinas y expulsando a los trabajadores del terrateniente Vidizzoni, con quien desde el año 2009 están en conflicto. A partir de ese momento, comenzó la persecución.

Maria Tolaba, compañera de la organización “Mujeres mejorando el Chaco”, miembro de la Ruta 81, dice: “Luchamos por nuestros derechos resistiendo las distintas medidas judiciales como desalojos, resistimos organizando guardias en las casas y acompañando a las distintas familias que se encontraban más complicadas”.

La principal estrategia en defensa de la tierra fue siempre la visibilización de estas luchas a través de medios de comunicación y las movilizaciones a la capital provincial, permaneciendo junto a las referentes de las organizaciones, convocando a les campesines a formar barreras para evitar los desalojos o la represión ante el avance de las fuerzas de seguridad.

“Se convoca a las organizaciones por la radio y se organiza ir al lugar para acompañar e impedir el desalojo, se para las máquinas o se hace corte de camino para que no lleguen a la casa o campo de quien es objeto de posible desalojo. Además de hacer presencia y rotar en el lugar para que siempre esté acompañada la familia mientras se hacen las denuncias y trámites legales con abogados y se hace mucha difusión mediática. Se busca ayudar de la mejor manera dando contención a la familia. Y buscando los recursos para ayudar a la compañera o compañero. Se brinda seguridad a quien es amenazada, lo hacen desde la mismas organizaciones, es decir somos las mismas compañeras las que hacemos de seguridad”, explica.

Maria destaca también el rol de las mujeres en contextos de resistencias: “Desde el 2011 que se funda la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 sólo habían 2 mujeres en la mesa en las reuniones, una era Lucía y la otra yo. Actualmente, de las 10 organizaciones campesinas 7 son dirigidas por mujeres, es decir que son mujeres las presidentas de cada organización, de ser minoría pasamos a ser la cara representativa de la lucha campesina por la tierra el agua y el medio ambiente tiene rostro de mujer”.

La lucha de Lucia Ruiz, Defensora Ambiental

Lucía es productora, se encarga de las cabras, vacas y chanchos. Enfrentarse a los terratenientes, a la policía, sacar las topadoras del monte, quedar detenida, sufrir amenazas, perder compañeres, no eran parte de su cotidiano hasta que se convirtió en una de las primeras dirigentes de la comunidad y decidió apoyar a sus compañeres en la lucha por sus tierras y el monte.

Su lucha por el territorio comenzó en el 2009, año en que se creó la organización “Unión y Progreso”. Hasta ese momento, si bien había irregularidades en las titulaciones de la tierra y algunas disputas por diferentes terrenos, nunca había sido tan conflictiva la situación de las tierras y los problemas de desalojos en su zona. Sin embargo, los problemas empezaron no por la titularidad de las tierras, sino por la pérdida del monte debido a la contaminación producto de las petroleras que se instalaron en la zona, como por los desmontes ocasionados por la expansión de la frontera agropecuaria.

Para poder defenderse, en su organización se fueron dando estrategias de seguridad interna como por ejemplo, modificar el estatuto en función de las problemáticas que enfrentan. Es así que se incorporó el tema cuidado del medio ambiente por las acciones de las máquinas petroleras.

Otra cuestión importante fue la capacitación de la organización en temas jurídicos vinculados a tierra y territorio, las instancias legales, juicios, etc. Comprendieron que tenían que capacitarse tanto en lo civil como en lo penal, porque están más expuestas a que desde las empresas y el gobierno las tengan en la mira y criminalicen.

Lucía cuenta que “en el campo nunca pensamos que íbamos a tener estos problemas, nunca pensamos que necesitaríamos un título porque siempre nos sentimos dueños de nuestras tierras, mis padres, mis abuelos y mis antepasados vivieron en estas tierras, y yo siento eso, que no necesito un título para demostrar que soy dueña. Para mi ser campesina es lo mejor, conozco todo y creo que no hay otra manera mejor de vivir que ser campesina, vivir de la naturaleza, de los animales, es sacrificado pero se busca la forma. Lo que sí es difícil, es pensar en los hijos cuando uno va a las luchas por las tierras, por ejemplo nosotros hemos tenido una batalla casi campal en medio del monte con policías, con topadoras, con titulares registrales y a punto de perder la vida o quedar presas. No lo pensé mucho, no pensé en los hijos, solo en esas personas que se pueden quedar sin las tierras o que les matan los animales para que abandonemos el territorio, o si el campesino tiene un pozo de agua se lo llenan de piedras, queman cercos completos, los potreros y titulares y hay que ir y apagarlos. Muchas veces también somos tentadas por los propios titulares, o amenazadas y eso lo hablo con mis hijos, y yo les digo que esto es para que ellos el día de mañana, puedan levantar sus cabezas y digan, mi mamá hizo tal cosa, mi mamá luchó por nuestras tierras”.

Desde Fundación Plurales acompañamos a Lucía Ruíz y a todes les campesines que defienden su territorio. La persecución y criminalización por la defensa del monte y el territorio no nos va a detener. La tierra es para quien la trabaja, habita y defiende.

Volver a transitar los territorios: Salado Norte

Necesitábamos hace mucho tiempo, hacer cuerpo el encuentro, romper la virtualidad. Finalmente pudimos regresar, con actividades pendientes, con una agenda apretada para que entre todo, pero fundamentalmente con la necesidad de encontrarnos después de mucho. Estábamos ansioses del intercambio cara a cara, el compartir cotidiano y continuar con el trabajo que aún en pandemia, seguimos articulando entre todes.

Santiago del Estero está al norte de Argentina, en la región del Norte Grande Argentino, limita al norte con Salta y Chaco, al este con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Su población es de 896.461 habitantes, y una superficie de 136.351 km², dividida en 27 departamentos.

Después de los hisopados correspondientes, más de 400 kilómetros de ruta y un control policial, pisamos Santiago del Estero con ansiedad, emoción y miedos, pero sobre todo alegría de volver. A eso, le sumamos más de 2 horas de viaje para llegar al departamento de Pellegrini, bien al norte. Pasaron 18 meses y pudimos volver a uno de los tantos lugares donde habita parte de nuestro trabajo.

Más allá de las actividades planeadas en cada localidad, lo principal era volver a conectarnos. Reencontrarnos con las organizaciones, con los municipios, luego de un año de haber trabajado desde la virtualidad.

Nuestra primer parada fue la Comuna de El Mojón, población ubicada en el departamento Pellegrini, para la Presentación del Plan Local Cambio Climático realizado en el marco del proyecto Acción Climática Participativa, del programa Euroclima+, que coordinamos en Argentina. Luego, llegamos a la localidad de Piruaj, del Departamento Copo, donde compartimos con las mujeres del Frente de Mujeres del Salado Norte. En El Aibal, compartimos con la Asociación de Productores de Pellegrini y Alberdi (APPA). En La Candelaria, paraje ubicado al norte del departamento Copo, visitamos a la Asociación La Candelaria. El último lugar, fue la sede de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPSAN) en San José del Boquerón, localidad ubicada en el departamento Copo.

La territorialidad es parte fundamental de nuestro trabajo. La acción, la ejecución y compartir con la comunidad es lo que más disfrutamos. El territorio es un espacio construido de intercambios, en los que gestionamos de diferentes modos y armamos redes. Esa red de relaciones que en pandemia nos llevó horas de comunicación telefónica y computadora, ya era hora de poder ponerla en presencia, en campo.

En todos los años que llevamos trabajando, Santiago del Estero fue el primer lugar donde comenzamos a ejecutar proyectos en 2001, establecimos vínculos fuertes, no solo de trabajo y cooperación, sino de amistad y compromiso. Y si bien el WhatsApp, el Zoom y el cariño nos mantuvieron conectados y trabajando, con todos los desafíos que presenta la virtualidad, necesitábamos vernos cara a cara, compartir la ronda bajo un algarrobo, sentir los pies en la tierra y el clima de nuestro chaco.

Fundación Plurales trabaja en esta zona del Salado Norte, departamentos Copo, Alberdi y Pelegrini, hace más de 20 años. Tenemos una trayectoria que casi surge al mismo tiempo que nuestra fundación. Es uno de los primeros lugares donde empezamos a sentir y vivir el territorio, conocer la realidad de estas tierras, de las que nos sentimos parte, conectar con la gente y aprender con las organizaciones campesinas. Nuestra propia organización se fue constituyendo en base a las necesidades y demandas que fueron surgiendo de este territorio, por ejemplo el acceso al agua, el trabajo, la tierra, y el trabajo con las mujeres que son nuestra prioridad.

«Los extrañamos», «Tanto tiempo» se repite en todos los lugares que visitamos. El reencuentro es cálido pese al distanciamiento social y los protocolos de cuidados. Nos esperan con comida y queremos contarnos todo lo que sucedió en este tiempo que la pandemia no nos dejó vernos cara a cara.

Si bien tenemos un vínculo por los medios digitales que actualmente nos permiten estar conectades, no es lo mismo. Compartir el cotidiano en campo por unos días, nos dio energía para seguir de otro modo. Porque la conversa cuerpo presente, pisando la misma tierra bajo nuestros pies, nos encuentra. Nos volvemos a sentir más cerca, para seguir con cada una de las luchas diarias.

Aprendemos de las luchas campesinas que resisten a los avances del agronegocio, la lógica del capital y la aceleración capitalista que rompe con todo los ciclos y tiempos que la naturaleza necesita para seguir produciendo la vida en el territorio. El movimiento campesino en Santiago del Estero es uno de los más grandes de todo el país, que lleva más tiempo, es ejemplo y esperanza para muchos otros territorios. Es para nosotres un placer trabajar con elles.

Nos recibió el calor intenso típico de Santiago y nos despidió la lluvia, esa que aunque sea poca, en muchos casos anega los caminos de tierra para llegar a las comunidades con las que venimos trabajando. Todos los días la agenda quedaba a disposición del clima, sabíamos que si llovía mucho no íbamos a poder visitar algunos lugares, lo que sucede en territorios desmontados por el agronegocio y el avance inmobiliario, el suelo no absorbe, no filtra la lluvia, y el agua que debería ser una bendición en esos lugares secos, es mala noticia. Tuvimos suerte, y la lluvia nos permitió llegar a todos lados.

Aunque los caminos mejoran, colocan asfalto o ripio, se suman otras problemáticas como este avance de la frontera agropecuaria que además de provocar inundaciones, hace que las napas no se recarguen de agua y aquellas comunidades donde el acceso al agua para consumo depende de algunos pozos, se ve afectado porque no filtra en la tierra, se escurre y los pozos no se cargan.

El abrazo apretado y el mate compartido se harán esperar un tiempo más, pero mirarnos a los ojos lejos de las pantallas nos inyectó vida para seguir haciendo esto que amamos. Nos fuimos sabiendo que los años de trabajo y los hilos que tejemos siguen ahí, intactos. «Esperamos que vuelvan pronto, que esto pase rápido», dijimos elles y nosotres una y otra vez.

Mujeres rurales del Gran Chaco

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre el contexto general de las mujeres rurales en la eco-región del Gran Chaco Americano.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, da cuenta de la importancia de abordar el análisis en términos regionales y los principales problemas que afectan a las mujeres en términos de recursos naturales, principalmente acceso al agua y tierra.

La Región y el actual modelo de Desarrollo

El Chaco Americano es una región que abarca territorio de Argentina, Bolivia y Paraguay. El Chaco argentino supone 600.000 km2, e involucra a 10 provincias, total o parcialmente. En Bolivia, el ecosistema chaqueño cubre un área de 127.755 km2, en lo político y administrativo se extiende en tres departamentos: Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, comprende a su vez 5 provincias y 16 municipios. En Paraguay, posee una extensión de 246.925 km2, comprendiendo a su vez a 3 departamentos.

Mapa extraído del Atlas de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano Instituto Desarrollo. Instituto Desarrollo – Regatta. 2014

El actual modelo de desarrollo aplicado en estos 3 países, privilegia la industria extractivista, la expansión agropecuaria y el desarrollo de la minería sin tomar en cuenta los efectos negativos que trae aparejado sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas e indígenas. Dicho modelo trae serias dificultades a estas comunidades para vivir y desarrollar sus actividades productivas, intensificando las dificultades en el acceso a bienes comunes como el agua y la tierra. La tala indiscriminada, la falta de agua y/o contaminación de las mismas, los desalojos de las tierras que poseen ancestralmente, son solo algunas de las principales problemáticas que enfrentan estas comunidades día a día.

La región cuenta con una extraordinaria riqueza: grandes reservas de agua, energía y extensas tierras, esto lleva a una disputa constante entre los intereses del modelo económico extractivista y la lucha de los pueblos por el uso consciente y respetuoso de los bienes naturales, la protección y conservación para la reproducción y el sostenimiento de la vida.

Además, en muchos casos, el uso indiscriminado de los recursos de la región es avalado por políticas de gobierno que favorecen la explotación extractivista, el avance del mercado inmobiliario y la acumulación de capital. Modelos de gobierno que avasallan los territorios indígenas, desconociendo a los habitantes ancestrales y sus derechos; desplazan y oprimen a les pequeñes productores campesines e indígenas, a través de la imposición de políticas agropecuarias que priorizan el agro-negocio, el uso de transgénicos y agroquímicos, poniendo en riesgo la preservación de las semillas nativas y de las formas tradicionales de producción.

Claro ejemplo de esto, es la ley minera de Bolivia que desde el año 2014: además de aumentar el territorio de extracción, autoriza el avance sobre zonas de bosques y Amazonía que previamente estaban resguardadas. Autoriza también a las empresas a usar colindante a las explotaciones, incluyendo, por ejemplo, el uso de los recursos hídricos cercanos.

Mujeres campesinas e indígenas en el Chaco

Esta situación afecta de forma directa la vida diaria de las comunidades campesinas e indígenas y a los sectores sociales más vulnerados, especialmente mujeres y niñes. Las mujeres campesinas e indígenas sufren de manera directa las consecuencias de este uso desmedido de los bienes naturales, los cuales ponen en riesgo la calidad del agua, del aire y de los suelos, de donde las comunidades extraen los elementos para subsistir.

En la región, son muchas las comunidades que no cuentan con acceso al agua. En algunos casos, es producto de la falta del recurso hídrico por la propia inequidad en la distribución en la región, aumento de las sequías y altas temperaturas que acentúan la evaporación del agua, lo que conduce a la imposibilidad de recargar las napas subterráneas.

En otros casos, existen fuentes a disposición, pero están contaminadas (ya sea por arsénico, flúor, y/u otras sales) que imposibilitan su uso para el consumo humano, y muchas veces hasta para el uso en animales y de riego, por las altas concentraciones de minerales. Estos son hechos naturales, acentuados por las variaciones climáticas.

Pero cabe destacar que también, la problemática de acceso al agua se asocia a las industrias extractivas (como la minería, hidrocarburos, agroindustria, y otras) que contaminan las fuentes de agua volviéndolas inutilizables, o se apropian del recurso hídrico en desmedro de las comunidades.

El no contar con el acceso al recurso en estas comunidades, implica que miembros de la comunidad deban caminar varias horas al día para conseguir agua proveniente de fuentes no seguras o ya contaminadas, para luego utilizar para consumo familiar. Esta tarea recae en manos de las mujeres de la comunidad quienes dedican hasta 6 horas diarias al acarreo de agua.

La otra gran urgencia para las comunidades, es la de frenar diferentes procesos extractivos y degradantes de su hábitat y de sus recursos de subsistencia. Reivindican la preservación de los bienes naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar sus estrategias de supervivencia.

En relación a la problemática de la tierra, estas comunidades son altamente vulnerables por dos motivos principales. El primero es que los territorios de la región del chaco han sido históricamente relegados por los gobiernos nacionales. En general, sus tierras no eran consideradas de buena calidad agroproductiva, lo que les restaba valor. Con la expansión de la frontera agropecuaria, producto de los transgénicos y agrotóxicos, estas tierras se volvieron de gran valor para el mercado y aumentan los conflictos locales en relación al uso y distribución del recurso.

A esta situación se le suma un segundo componente: la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región no tienen titularidad de las tierras. Son poseedores, habitantes de más de cinco generaciones de las tierras en las cuales se asientan, pero no tienen títulos de propiedad y no cuentan con recursos para poder sanear su situación legal.

Ambas situaciones, sumadas a otras que complejizan el entramado, ponen a la orden del día los conflictos por desalojos y enfrentamientos por la posesión de la tierra.

Para ejemplificar: en Argentina, a partir del relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se pueden observar 857 casos de problemas de tierra, que afectan a unas 63.843 familias y representan 9.293.234 hectáreas. En relación a la situación jurídica de estas familias, el 87,4% es poseedor de las tierras y no cuenta con titularidad.

La vulnerabilidad de las mujeres frente a este contexto es mayor por múltiples factores, el más preocupante es que en muchos casos los hombres de las comunidades (sus maridos, hijos, padres) trabajan para las industrias extractivas que se instalan en los territorios y, por miedo a perder su fuente de trabajo, no asumen la lucha por la defensa del territorio, siendo las mujeres quienes enfrentan esta carga. Esta es una estrategia utilizada en toda la zona para lograr control social, basada en la supuesta generación de oportunidades para las familias locales ante la instalación de empresas extractivas.

Para enfrentar estas problemáticas, estas comunidades -y en especial las mujeres- se encuentran en una posición desigual en cuanto a posibilidades de acceso a la Justicia. Entre las trabas que encuentran podemos destacar la falta de recursos para solventar los honorarios de abogados que tomen sus casos, tribunales y secretarías alejadas de sus asentamientos, discriminación y posiciones machistas frente a sus reclamos, entre otras. Como parte de sus estrategias han tenido que vincularse con actores estatales responsables de estas temáticas, como también con el poder legislativo para promover leyes que protejan los recursos naturales, propiciando la participación activa de las comunidades.

Estas defensoras ambientales sufren a diario amenazas e intimidaciones directamente ligadas a su trabajo para garantizar el acceso y gobernanza de bienes naturales, principalmente en relación a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el aprovisionamiento de agua y el acceso a la tierra.

Conscientes de los obstáculos que deben enfrentar para acceder a sus derechos -y por ende garantizar su subsistencia- y participando en la toma de decisiones conducentes a un desarrollo sustentable, las mujeres manifiestan y actualizan su compromiso de consolidar alianzas que conduzcan a su empoderamiento articulando sus propios saberes, identidades, intereses y necesidades, aumentando su visibilidad y capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región.

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Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Agustina Calcagno, de Fundación Plurales, realizó para la Plataforma de Defensoras Ambientales un informe que describe cómo la presencia de actividades extractivas mineras en la puna jujeña, Argentina, viene afectando esos territorios y empujó a grupos de mujeres a organizarse y luchar por sus derechos ancestrales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition, y están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en la web de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, presenta las resistencias en defensa del ambiente y el derecho a la consulta previa, libre e informada que comunidades campesinas e indígenas de Cangrejillos y Abralaite, Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar, vienen llevando adelante.

Contexto de la Puna

La región de la Puna se encuentra en Jujuy, provincia Argentina reconocida desde 1974 como la capital nacional de la minería. Tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, cubriendo el 55% del territorio provincial. Comprende los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada Cochinoca y Susques.

Si bien es una de las zonas menos pobladas de la provincia (solo el 6,3% de la población de un total de 673.307 habitantes), junto con la región de la Quebrada, alberga la mayor cantidad de pueblos indígenas. De los 12 grupos étnicos identificados en la provincia, en la puna se registran 94 comunidades Kolla, 21 comunidades Quechua, 10 comunidades Atacama, 1 comunidad Chicha y 1 comunidad Toara. Habitan la región desde tiempos anteriores a la colonización española y tienen una relación con los elementos del ambiente, humanos y no humanos, que se rige por normas ancestrales de convivencia y respeto mutuo.

Desde hace décadas, estas formas ancestrales vienen siendo amenazada y vulnerada, debido a la presencia e instalación de diversas industrias extractivas mineras en la zona. La puna, por ser un área geológica joven, concentra yacimientos minerales de diferentes variedades como el plomo, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el oro y el litio.

Formalmente, las actividades mineras en la región se iniciaron a finales del XIX, instalándose década tras década nuevas compañías en la zona hasta llegar a su pico en el año 1974. A partir de entonces, varias compañías fueron cerrando dejando importantes pasivos ambientales en la zona, mientras que otras actualmente han declarado su cierre inminente como es el caso de la minera El Aguilar quién tiene planeado cesar actividades en el 2021. Asimismo, debido al boom minero de los últimos 10 años, el Estado provincial a través de la publicación de informes ambientales, aprobó la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que allí residen. Dando lugar así a una serie de conflictos entre las comunidades, las compañías mineras y el Estado, no solo por el derecho a la consulta previa sino por la defensa ambiental de sus territorios frente a los “pasivos ambientales” y la contaminación de sus territorios.

Yavi y Cochinoca y el rol de las mujeres de la “Red Chacha Warmi”

Desde hace más de 10 años las comunidades indígenas de Cangrejillos, Abralaite, Ciénego Grande, Cabrerí, Santa Ana y Santa Clara vienen realizando denuncias judiciales y reclamos sociales por la implementación efectiva del “derecho a la consulta previa” y a la participación en los procedimientos mineros en sus territorios.

Estás comunidades se encuentran entre los departamentos de Yavi y Cochinoca, en lo que se conoce como el distrito minero de Pumahuasi, que actualmente es parte la Reserva Minera de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Esta zona, además de ser rica en minerales, es un valle apto para cultivos y para actividades de ganadería y pastoreo gracias a las diferentes fuentes de agua que la alimentan: por una lado, los ríos Grande, Abralaite, Santa Ana, Agua de Castilla que nacen en la serranía y por otro, los glaciares y la zona periglaciar.

La comunidades allí, no solo están sufriendo la presencia de “pasivos mineros” de las viejas minas instaladas en Pumahuasi que nunca han tenido remediación a pesar de las leyes vigentes. Sino que también, sus medios de vida (agricultura de subsistencia o la ganadería y pastoreo) se encuentran amenazados por la instalación de pedimentos de exploración minera, tanto en sus territorios como en las nacientes de los ríos, glaciares y periglaciares que alimentan la zona. Estos pedimentos de exploración minera generan sequías y contaminan las aguas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para las comunidades.

Frente a este contexto, decidieron organizarse para reclamar por sus derechos. Primero fueron las comunidades del dpto. de Yavi y luego se fueron sumando otras de la puna ubicadas cerca de la ruta 40 y linderas a la Laguna de Guayatayoc y a la serranía de El Moreau.

A través de la realización de asambleas, sus estrategias de lucha consisten en la presentación de amparos judiciales a los permisos de explotación, como también la elaboración de informes y evaluaciones ambientales tendientes a contraponer los informes presentados por las autoridades estatales y los privados interesados en la explotación minera. También, desde el 2014 luchan por que se respete e implemente la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Si bien hasta ahora, gracias a la lucha conjunta han logrado que la provincia dicte el decreto 5772/10 que prevé la “consulta previa” a los pueblos indígenas y establece los principios de protección ambiental para las actividades mineras, esto sigue sin cumplirse.

Resulta importante destacar el rol de las mujeres de las comunidades en esta lucha. En busca de tener una mayor y mejor representatividad en las asambleas y en la toma de decisiones, las mujeres de las comunidades mencionadas han conformado la Red Chacha Warmi por “la defensa ambiental del territorio para la vida de los seres que allí habitamos, en armonía con los tres reinos, mineral, vegetal, animal”.

Las mujeres coordinan acciones legales, educativas y productivas para la defensa ambiental y la incidencia en políticas públicas ambientales en la provincia de Jujuy. En la actualidad, con la ayuda de profesionales se encuentran desarrollando una evaluación ambiental tendientes a contraponer los estudios realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy con el gobierno de esa provincia, sobre el relevamiento de agua en la puna y el impacto de las actividades mineras en la zona.

Las mujeres de la Red destacan que es clave la realización de estas evaluaciones pues la situación es muy preocupante, “los pasivos siguen contaminando porque hay muchas corridas de agua que los hacen llegar a la zona de pastura, a la zona de deporte de los chicos y en zona de siembra (potreros)”.

Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar

Desde el 2016 las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo se han organizado para frenar y reducir los impactos de las actividades extractivas de la compañía minera El Aguilar. La mina que inició la extracción de plomo, plata, zinc y sus derivados en 1936 , el pasado Noviembre de 2020 anunció el cierre alegando que las capacidades de producción se han reducido y por tanto no generan los recursos económicos planificados.

Desde su instalación, la mina ha generado diversas consecuencias. Entre ellas, la movilización temporal o permanentemente de importantes contingentes poblacionales a la zona, la modificación del ambiente y del paisaje natural por el trazado de caminos, la introducción de diques de desechos tóxicos y basurales, la muerte de animales, daño de la flora autóctona y la aparición de casos de cáncer de distintos tipos y enfermedades respiratorias en las comunidades. Asimismo, la introducción de migrantes con experiencia minera promovió la transformación de las prácticas y creencias de los pueblos agro-pastoriles de estos territorios.

Como si las consecuencias mencionadas no fuesen ya alarmantes, el cierre pone a las comunidades frente a enormes desafíos. Entre ellos se pueden destacar: reconvertir las fuerzas y oportunidades laborales de la zona, resolver los problemas habitacionales (pues los trabajadores son obligados a abandonar las viviendas que la minera proporcionaba), y garantizar la continuidad del Hospital Aguilar (construido por la minera quien anunció que sostendrá su funcionamiento hasta fines de 2021).

Estrategias de resistencia

Lo que observamos en estas organizaciones, son las numerosas estrategias de defensa que las mujeres han venido realizado.

  1. Gestiones con la minera para participar de los muestreos ambientales que la compañía generaba como el análisis del aire, agua, suelo, flora y fauna.
  2. Visitas al predio minero tanto para identificar y evaluar zonas afectadas por la contaminación, zonas aledañas a la mina, los diques de cola, revisión de basureros y cavas de escorias y pedido de limpieza de la zona de chatarras. Como también para realizar observaciones al relevamiento de flora y fauna.
  3. Asistencia a muestreos participativos de agua y suelo que realiza la empresa minera.
  4. Participación en las presentaciones de estudios de exploraciones y de impacto ambiental que presentaba la compañía.
  5. Gestiones con la Secretaría de Minería de la provincia para el pedido de asesoramiento profesional para evaluar los informes de impacto ambiental presentados por la minera dado que no se constataban en terreno las mejoras declaradas en dichos informes.
  6. Solicitar y exigir a la empresa la reparación correspondiente por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames.
  7. Monitoreo, registro y sistematización sobre todas las acciones que realizaba la minera.

Todo esto les permitió, tanto a las mujeres como a sus comunidades, dilucidar por un lado, cómo la compañía “contrataba consultoras externas que realizaban los estudios de flora y fauna, arqueológicos, de manera general que no tenían consulta, previa libre e informada en las comunidades locales, afectadas por la contaminación”. Por otro lado, los impactos generados en territorio y la población: “Las irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y como se han empezado a secar espacios de humedales”.

Además, las mujeres realizan acciones para promover la participación y el activismo de otros miembros de sus comunidades. Por ejemplo, impulsan acciones educativas como capacitación en las escuelas sobre separación de residuos. Diseñaron e implementaron proyectos de agua para riego y construcción de invernaderos. También, promueven el fortalecimiento y capacitación de líderes comunitarios en temáticas afines al cuidado del ambiente natural, con el propósito de contar con recursos humanos y técnicos ambientalistas en la zona.

Si bien el anuncio de cierre de la mina representa un gran alivio para las mujeres y sus comunidades, abriendo la ventana a oportunidad para reconstruir el ecosistema ambiental, social y ancestral de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo. También, significa un gran desafío en términos de rearmado productivo y económico de la zona. Dado el carácter inminente de la noticia, resulta necesario seguir de cerca este caso. Tanto para registrar que la empresa cumpla con los compromisos asumidos sobre remediación de los pasivos ambientales, como para observar cómo las comunidades irán sorteando los desafíos mencionados y haciendo cumplir sus derechos.

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Mujeres rurales del Gran Chaco Americano

Un repaso de lo que construimos este año

El 2020 significó muchísimos desafíos, para todes, pero logramos reacomodarnos, reorganizarnos y seguir conectades. Siempre juntes, apostando al trabajo colectivo con la firme convicción de que otro mundo es posible.

Queremos compartir con ustedes solo algunas cosas, de todas las que hicimos este 2020 en Fundación Plurales. ¡Gracias por acompañarnos y ser parte de una u otra forma, de Fundación Plurales en este año! Esperamos seguir creciendo juntes en el 2021.

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Conectadas y en resistencia: presentamos la plataforma de Justicia Ambiental y Género

En un año marcado por el distanciamiento social y el pase a la virtualidad, nos pone muy contentes anunciar el lanzamiento de la Plataforma de Justicia Ambiental y Género, una herramienta para potenciar las voces de las defensoras ambientales. Esta iniciativa forma parte del programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales y está coordinada por Fundación Plurales en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur , cofinanciado por Unión Europea.

La Plataforma de Justicia Ambiental y Género surge como una iniciativa para contribuir al fortalecimiento y la capacidad de resiliencia de los grupos de defensoras ambientales, y para potenciar sus estrategias de visibilización e incidencia. Se busca sistematizar información en torno a las problemáticas socioambientales de los territorios del Chaco Americano en Argentina, Bolivia y Paraguay, y de las ecorregiones de la Puna y los Humedales en Argentina.

Es una apuesta para continuar el trabajo desarrollado en el Observatorio de Justicia Ambiental entre los años 2014 y 2017 por el Fondo de Mujeres del Sur, la Fundación Plurales y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Indígena de Tarija (CCIMCAT). En aquel momento, el Observatorio realizó una cobertura de las principales problemáticas que afectaban a las defensoras en la ecorregión del Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay).

Entre los productos que se generaron en el marco de la plataforma se encuentran una página web y una aplicación para dispositivos móviles. La página web brinda una cobertura actualizada del estado de situación de las demandas, las problemáticas, acciones comunes y propuestas que desarrollan las defensoras ambientales y sus comunidades. Además, pueden encontrarse historias de cambio, videos, convocatorias y entrevistas.  La aplicación, por su parte, se encuentra disponible para uso interno de las activistas apoyadas por el programa, y busca achicar las brechas de información y diálogo entre ellas.

En 2019, la plataforma se presentó a las organizaciones, en las visitas a cada una de ellas. También, se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en Madrid, España. La presentación fue en el marco del evento paralelo “Mujeres Defensoras Ambientales y Cambio Climático: Estrategias de incidencia y resistencia ante el avance del modelo extractivista” realizado en el espacio de Euroclima Plus.

Una herramienta pensada con y para las organizaciones

A lo largo de estos meses, la iniciativa se fue enriqueciendo con el aporte de las activistas. A través de los talleres, encuentros, presenciales y virtuales, las organizaciones sumaron sus propuestas sobre los contenidos, visualización y criterios de seguridad.

La aplicación para dispositivos móviles permite a las activistas un mayor acceso a información relevante, y a su vez agiliza la difusión entre organizaciones, instituciones y actorxs articuladxs en defensa de sus derechos.

La plataforma sirvió como un espacio para continuar el diálogo y aprendizajes en el nuevo contexto de distanciamiento social. Durante este año, la aplicación fue utilizada por las organizaciones para difundir información segura y cuidados básicos sobre covid-19.

Con esta herramienta, Fundación Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur y apuestan a generar un diálogo continuo entre los grupos de defensoras ambientales, y potenciar sus capacidades de incidencia en la agenda pública en defensa de sus derechos y los de sus comunidades.

Visita la plataforma aquí.

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Foro «Personas defensoras del medio ambiente en América del Sur»

A comienzos de noviembre Fundación Plurales estuvo participando de un foro que abordó los retos de defensores ambientales en América del Sur.

Este evento fue organizado por la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Protection International (PI), Global Witness y la International Land Coalition (ILC).

El 4 y 5 de noviembre, más de 60 personas, entre defensores y representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Honduras y Guatemala, participaron de este espacio para analizar la situación, intercambiar experiencias y recomendaciones sobre la defensa ambiental en la región.

La primera jornada contó con un panel sobre la mirada regional y local de la defensa de los derechos ambientales, con participación de defensores ambientales de Brasil, Perú, Colombia y Honduras. Luego, Mary Lawlor, Relatora de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, junto a David Boyd, Relator de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, analizaron la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente de América del Sur en el contexto global.

En el segundo día se realizaron mesas de trabajo para analizar situaciones de riesgo, la prevención y protección de las personas defensoras y estrategias para la defensa del medio ambiente en cuatro ejes: jóvenes por el medio ambiente; actividades extractivas y territorios; género y activismo medioambiental; y la defensa del ambiente en áreas urbanas.

Las conclusiones del Foro serán recopiladas, con recomendaciones de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, en un documento que servirá como herramienta de consulta.

Desde Fundación Plurales entendemos que el rol de les defensores es fundamental y en el marco del Programa de Defensoras Ambientales, coordinado por Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), seguimos trabajando con les defensores ambientales.

Campesinas, indígenas y/o mujeres de grupos marginales urbanos que luchan por el acceso al agua, la tenencia de la tierra de sus comunidades, recuperación/revalorización de culturas y saberes ancestrales y la participación política de las mujeres en sus comunidades y espacios de decisión que las afectan. En contra de la contaminación, deforestación de las Ecorregiones del Chaco Americano, Puna y Sistema de Humedales, las fumigaciones con agrotóxicos. Reivindican la preservación de los recursos naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar las estrategias de supervivencia de sus comunidades. Hoy y siempre es urgente y necesario seguir generando espacios para pensar y repensar su rol y protección.

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Pronunciamiento de Defensoras Ambientales

Compartimos el pronunciamiento de más de 130 Defensoras Ambientales, integrantes de 35 organizaciones pertenecientes a Argentina, Bolivia y Paraguay, que han participado del Encuentro Trinacional “Juntas, conectadas y en resistencia”

Coordinados por el Programa de Defensoras Ambientales que impulsan Fundación Plurales, Centro de Capacitación e Investigación de la mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) y Fondo de Mujeres del Sur, fueron 4 encuentros virtuales, cerrados, donde más de 35 grupos de defensoras indígenas, campesinas, urbanas y activistas se reunieron para potenciar respuestas colectivas ante el violento contexto que atraviesan nuestros territorios en la actualidad.

LEER COMPLETO

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Compartimos también, las voces de nuestras compañeras defensoras ambientales.

Soberanía alimentaria

Industrias extractivas

Derecho y acceso a la tierra

Cambio climático

Protección y seguridad Defensoras Ambientales

Derecho de acceso al agua


Mujeres Defensoras Ambientales en América Latina: “Luchar por el territorio es luchar por la vida”

Del 7 al 11 de septiembre, se realizará el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una de las reuniones sobre DD.HH. más importantes del continente americano. Es por esto que en el marco de este Foro, distintas iniciativas promovidas por la International Land Coalition LAC y organizaciones socias, como Iniciativa Mujer Rural; Iniciativa Defensores de la Tierra; Land Matrix LAC; ENI Argentina; ENI Ecuador; ENI Perú; ENI Guatemala, Iniciativa Tierra y ODS y el Programa Defensoras Ambientales, queremos difundir las voces de mujeres defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que vienen resistiendo a múltiples vulneraciones a sus derechos al defender los territorios.

El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como el incesante avance de la frontera agropecuaria, están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los territorios rurales, generando un contexto altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores ambientales.

La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia, donde los Estados latinoamericanos parecen solo hacer frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales.

Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las defensoras ambientales, protectoras de los Derechos Humanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de los territorios frente a múltiples amenazas en toda la región.

V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro “ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados -incluidos los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales- sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos”, detallan desde la organización. Hoy más que nunca es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan, y legitimen el rol fundamental que tienen les defensores de bienes naturales y el medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

En palabras de defensoras bolivianas, “luchar por el territorio es luchar por la vida” y por eso, en el marco de la V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, evidenciamos estrategias sistemáticas de empresas multinacionales para instalarse en comunidades indígenas y campesinas sin garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada. Por eso seguimos visibilizando y escuchando las voces de defensoras ambientales, exigiendo medidas concretas y puntuales de cuidado y protección por parte de los Estados y organismos internacionales.

Reivindicando el rol fundamental de las mujeres en la defensa del ambiente, y abogando por un adecuado acceso a la justicia ambiental y de género, presentamos relatos en primera persona de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Argentina

Barrio San Antonio, Córdoba Capital

Silvia Cruz, integrante de Vecinos Autoconvocados de Barrio San Antonio y Barrios aledaños, lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de Bioetanol que el Estado decidió instalar al lado de sus casas. “Esta empresa, que tiene casi 3 hectáreas, produce bioetanol a partir de maíz transgénico. Produce y rectifica estos alcoholes al igual que el metanol, y los fracciona, se llama Porta Hnos y produce en esta pandemia, 5 veces más, el famoso alcohol en gel. Esta megaproducción contamina nuestro barrio. Nuestros niños y familias comenzaron a enfermarse en el 2012. Hicimos estudios y relevamientos sanitarios, que dan cuenta de que muchas de las muertes, muertes súbitas y malformaciones en los niños, son producto de las emanaciones de estos químicos. La planta produce más de 700mil litros de bioetanol diario, las 24 horas del día. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Tenemos pruebas de que la producción de la fermentación de alcoholes y sus derivados, producen daño genético en pruebas de genotoxicidad en niños y jóvenes que se han realizado hace muy poco. Hemos sido y estamos siendo zona de sacrificio. Nos oponemos a ser sacrificados, contaminados, nos oponemos a esto y exigimos el cierre y erradicación de esta empresa de bioetanol.

Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy

Beatriz Débora Sajama, de la comunidad aborigen de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo, de El Águila, integra el grupo de mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad. “En nuestro territorio hay una empresa minera que explota metales pesados, como el plomo, la plata, el zinc y sus derivados, hace 90 años. Hemos visto muchas irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y se han empezado a secar espacios de humedales. Esto nos ha llevado a tomar consciencia y trabajar para defender el territorio y cuidar el ambiente. Hemos hecho gestiones a través de nuestra comunidad para que las mujeres y todos los miembros de la comunidad, puedan participar de los muestreos ambientales que lleva a cabo la empresa con análisis de aire, agua, suelo, flora y fauna. También, hemos tomado la determinación de visitar todo el predio minero y las bocas de minas que ya están abandonadas, para saber si se encuentran cerradas o en condiciones y ver cómo es el espacio de sus alrededores. Por otro lado, hemos solicitado a la empresa las remediaciones correspondientes por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames. Como grupo de mujeres seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y hacer respetar nuestro derechos humanos”.

Bolivia

Roboré, Provincia Chiquitos, Santa Cruz

María René Picolomini Montero, integrante de Resistencia Tucabaca Cantioca, denuncia la destrucción sistemática de Roboré. Explica que “nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarán a cielo abierto; deforestación causada por privados en relación a decretos ilegales que promueven cambio en el uso del suelo en nombre de la seguridad alimentaria, que favorecen al agronegocio y al extractivismo; la caza y la pesca indiscriminada ponen en grave peligro de extinción a nuestra especie; el turismo desorganizado se ha convertido en otra amenaza exponencial; asentamientos ilegales y dotaciones de tierras interculturales promovida por el Estado; incendios forestales ocasionados por la quema descontrolada de privados o provocados intencionalmente por ilegales, en un afán de venganza contra quienes nos oponemos a esta política irresponsable del Estado. También, si bien hemos conseguido frenarlos, aún están latentes y nos mantienen en alerta permanente. No importa nuestra integridad física, económica o el desconocimiento de nuestro trabajo, más bien nos criminalizan como defensoras ambientales todo por un bien mayor. Hemos rechazado a empresas mineras pero la lucha en nuestro municipio aún es contra las propias empresas estatales, como la Corporación Minera de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la autoridad de bosque y tierra”.

Zona Caaguazú, Santa Cruz

Lourdes Miranda Tiguayo, guaraní integrante de CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), explica: “La defensa es parar o dar de baja el proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz, que comprende ocho represas pequeñas que atentan contra la vida de nuestra comunidad y también de la naturaleza. Entonces, hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimiento. Por otro lado, como territorio guaraní en la zona de Aguaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, han dejado pasivos ambientales, y los hermanos de las comunidades están para que no haya contaminación de las empresas petroleras. Sin embargo, siguen, y hay decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales, donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estas comunidades, y eso es lo lamentable. Ahora, reclamamos Justicia, por que es una violación a los derechos humanos atentar contra nuestra vida y cuando contaminan el agua, atentan directamente contra nuestra vida. A estas empresas y estos megaproyectos, el gobierno los protege con una Ley incluso por encima de nuestros derechos como pueblo indígena. En Aguaragüe, las empresas petroleras están poniendo demandas, procesos legales a los hermanos guaraní por defender sus territorios, sus derechos, por defender que no se le contamine el agua. Cuidamos la vida a través del territorio, queremos pedir ayuda para hacernos escuchar ante estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia”.

Paraguay

Comunidad Pueblo Qom, Bajo Chaco

Bernarda Pesoa lucha contra los monocultivos industriales de árboles de Eucalipto en su zona, la localidad de Cerrito. Cuenta que “nosotros ya estamos quedando casi sin agua, más allá del Chaco ya está sufriendo sequía. En este territorio nosotros tenemos nuestro pozo por qué es una acción de autogestión de parte nuestro y defendemos mucho el agua y la tierra porque sabemos que las leyes nos amparan. Dentro de una comunidad colectiva ahora, en plena pandemia, no se respetaron los protocolos de las comunidades indígenas, tampoco fue respetada la Ley 904, que no permite el alquiler ni el arrendamiento de tierra, y la Constitución Nacional. Nos disgusta lo que están haciendon, la empresa Fundación Paraguaya especialmente. Hoy fui a la Fiscalía de medio ambiente, el lunes vamos al Ministerio de medio ambiente a levantar una denuncia y hacer seguimiento de estas actividades porque no somos partícipes de estas actividades, no nos tienen en cuenta. Acá hay muchísimas comunidades, nosotros decimos no a la explotación de tierra para el beneficio de las grandes empresas, sí al medio ambiente sano, sí a la alimentación sana y no queremos eucaliptos en nuestras tierras”.

Colombia

Córdoba, Colombia

Yina Sánchez, que pertenece al GTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.

Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.

“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.

Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.

El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.

Ante este contexto, seguimos en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.

Foto de portada: Fundación Plurales

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Las resistencias no saben de cuarentena: Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE

Mientras todes estamos mirando cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas en relación al aislamiento social obligatorio en Argentina, los conflictos siguen y en muchos casos se profundizan. El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es nueva y queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.  

En esta ocasión, dialogamos con la Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE de Tartagal, Salta. Por estos días denunciaron: “Estamos desbordadas de la angustia, demasiados casos. El sistema colapsó aunque los políticos digan lo contrario. Pedir que nos lavemos las manos con agua y jabón ya es todo un tema, en las comunidades, las más cercanas a la ciudad y cercano digo 3 km de la ruta nacional 34, tenemos agua de manera clandestina, los más alejados guardan si les llevan o si llueve en bidones en desuso de agrotóxicos y deben elegir si tomar o lavarse las manos. Imagínese, solo hay 12 respiradores y ya tuvieron que elegir entre si poner un respirador para una señora de 65 años o un joven, imagínese si van a elegir salvar a un indio como nosotros o a unos del pueblo”. Ante el abandono, algunas compañeras de las organizaciones juntaron dinero para comprar alcohol y se prepararon con agua para darle a les integrantes de la comunidad, pero no alcanza

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con sus integrantes que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida.

¿Cuándo y cómo nació la organización de mujeres indígenas AREDETE? 

― La organización nació del encuentro de varias mujeres de diferentes pueblos que sentían la necesidad de contar sus vivencias, sus historias, sus memorias y las de sus pueblos. Esto más o menos en 1998, luego de unos años de recopilar las memorias las plasmamos en dos libritos Lunas tigres y eclipses y El canto de los pájaros. Allí surgió un sueño más: que esas memorias se escuchen a través de un medio, y aquí surgió la necesidad de crear la organización para empezar a concretar ese sueño, al igual que nuestro medio: Radio Comunitaria La Voz Indígena.

La integramos mujeres de diferentes pueblos y edades, y también tenemos nuestros compañeros varones. 

¿Qué tareas realizan? 

― A lo largo de 20 años hemos hecho encuentros de mujeres, donde pudimos sumar 2000 mujeres de todo el.departamento San Martín, de diferente pueblos; realizamos  recopilación de memorias, acompañamos procesos de recuperación territorial y las luchas por el acceso a las necesidades básicas; desde nuestro medio de comunicación trabajamos el fortalecimiento y recuperación  de nuestros idiomas, cultura, espiritualidad, formación de comunicadores, fortalecimiento de lideresas, articulación con diferentes entidades para bajar proyectos productivos para las comunidades.

¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en relación a la lucha que llevan adelante? 

― Estos meses la verdad han sido de incertidumbre y ahora con un sistema colapsado y con el virus ya en nuestras comunidades, la situación es mucho más angustiante. La accesibilidad al sistema de salud siempre fue deficiente y la posibilidad de acceso para nuestros pueblos era muy mala, pero con esta situación se ha acrecentado de manera exorbitante.

¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad? 

― Las formas para visibilizar, en la manera que podamos, es acceder es a través de las redes, y también si podemos acceder a Internet. Es salir desde nuestras comunidades para acceder a Internet y contar estas situaciones. Utilizamos nuestro medio en emisiones muy cortas, ya que el llegar a la radio se nos hace muy dificultosa.

― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes? 

― Avanzar sobre la quita de nuestro territorio siiii, claro, amenazas de desalojos. El gobierno mientras, hace la vista gorda, invisibiliza la situación de nuestros pueblos. Respuestas es lo que pedimos a grito, a pesar que muchas de estas luchas están judicializadas y los organismos que están o deberían estar, a favor de los pueblos no tienen mucha injerencia  ni acción en estos temas.

Fotos: Gentileza FM Comunitaria La Voz Indígena